El Gobierno cántabro tendrá "todo listo" en dos meses para aprobar el decreto de viviendas turísticas

El consejero cántabro de Turismo, Luis Martínez Abad (PP), ha reiterado este lunes en el Pleno del Parlamento que la redacción de este decreto "se encuentra en una fase muy avanzada" y tan solo "le queda el último tramo", por lo que ha vuelto a señalar que estará listo para este verano.

Lo ha dicho en una interpelación formulada por el diputado socialista Mario Iglesias, que ha cuestionado que sea posible cumplir ese plazo teniendo en cuenta que "falta todo el trámite administrativo".

En concreto, el consejero ha detallado que el texto será remitido en unos días a la asesoría jurídica para su revisión, después se enviará a las secretarías generales de las diferentes consejerías para que informen sobre el mismo y, cumplido este trámite, se trasladará a la Dirección General de Servicio Jurídico para, por último, enviarse al Consejo de Estado.

Así, ha pedido al PSOE "echar una mano" y que el diputado nacional Pedro Casares "meta prisa al Consejo de Estado".

Martínez Abad ha destacado que este documento -que ya están "ultimando" y "en breve verá la luz"- contempla "un galimatías de normas y restricciones, incluidas las últimas modificaciones de enero de este año sobre la Ley de Propiedad Horizontal.

En este punto, ha remarcado que el PP llegó al Gobierno tras ganar las elecciones de mayo de 2023 y "apenas diez meses después" de tomar posesión sacó a información pública el primer proyecto del decreto, para "ocho meses más tarde" tener redactado el texto definitivo, con lo que -ante las críticas del PSOE por la demora- ha preguntado si esto es "mucho tiempo para la elaboración de un texto legal tan complejo".

Además, ha subrayado que se trata de un texto redactado "desde el diálogo" con "todos los agentes afectados". "Si eso ha retrasado algo el plazo para que salga, bienvenido sea". "Lo importante, más que la rapidez, es la calidad, la garantía jurídica y la eficacia del decreto", ha sentenciado.

Eso sí, ya ha avanzado que la normativa "no contentará al 100%" a todas las partes porque "hay muchos y muy diversos intereses". Pero considera que, "lejos de ser algo negativo, va a ser algo positivo", porque quiere decir que "será el mejor decreto para todos".

"La finalidad es clara, evitar que la actividad de alquiler de viviendas de uso turístico se produzca contraviniendo la normativa sectorial que le resulta de aplicación, es decir, regular el servicio y poner coto a las viviendas que se destinan a usos turísticos de manera ilegal", ha explicado el titular de Turismo, añadiendo que, para ello, habrá más inspectores y más sanciones.

Además, Martínez Abad ha replicado al diputado socialista que también durante el anterior legislatura encabezada por el bipartito PRC-PSOE "podían haber hecho algo más", ya que "gobernaron mirando hacia otro lado, ante una realidad que ya se veía".

De hecho, y aunque ha reconocido que "la situación ha cambiado notablemente en estos años", ha indicado que "hay un decreto de PRC-PSOE que no ha servido para nada. Si insisten tanto en un nuevo decreto es porque saben que el suyo era un inútil e incapaz de regular nada", porque lo "hicieron de cara a la Galería para quedar bien".

Por su parte, Iglesias ha dicho que es "imprescindible agilizar" ese documento, pues ya han pasado nueve meses desde que presentaron las alegaciones, y ha recordado que a regionalistas y socialistas les "tocó gobernar en pandemia".

En todo caso, no ve posible tener el decreto para verano como indica el consejero, dado que faltan los informes de las secretarías generales, de la Dirección General del Servicio Jurídico y del Consejo de Estado. "¿Usted sabe lo que se tarda en recabar toda esta información y todos estos informes?", ha cuestionado el socialista, quien ha dicho al titular de Turismo que "si consigue que este borrador salga publicado antes de San Juan, es un superclase".

Finalmente, ha criticado que el contenido del borrador lo dejaba "todo en el tejado de los ayuntamientos", como la posibilidad de limitar el número de VUT, lo que podría dar lugar a modificaciones en cada legislatura si cambia el color político, y "eso no da mucha seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas".