¿PARA QUÉ QUEREMOS EL DERECHO? Por Juan Goti Ordeñana Catedrático jubilado de la Universidad de Valladolid

Viendo cómo gobierna nuestro equipo de políticos, podemos preguntarnos: ¿para que citamos a la Constitución y a las leyes para justificar las actuaciones de la administración? Por una parte, vemos que, nada menos que el Tribunal Constitucional, corrige sin una base justificada jurídicamente al Tribunal Supremo, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la cual es claro que es una médica sin ejercicio, cuando toma el bisturí para dictaminar sobre el derecho nos quiere impone la siguiente norma: «el testimonio de una mujer prima sobre la presunción legal de inocencia». Echando por tierra el trabajo de unas magistradas, muy letradas en Derecho, y además progresistas y consideradas de izquierda. Vamos a tratar de hacer alguna calificación de este actuar de órganos dependientes del actual Gobierno, que anuncian con evidencia, que estamos ante un proyecto dictatorial que se está fraguando en la Moncloa.

Lo primero que nos lleva a preocuparnos en la actual política es el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Esperábamos que este Tribunal, compuesto por juristas de reconocido prestigio, actuara con neutralidad y como intérprete de las normas constitucionales, pero últimamente le hemos visto decidir como un órgano sectario, que no se priva de justificar los desmanes del Gobierno. Se ha convertido en mero transmisor para complacer a la actuación del Ejecutivo.

A don Cándido Conde-Pumpido, le conocí en la Junta electoral de Guipúzcoa, en las elecciones de 1986, y, en aquella ocasión, advertí su alto conocimiento del derecho, pero no que fuera de izquierdas. Al poco tiempo observé cómo ascendía al crearse el sector de jueces para la democracia, y estoy estupefacto de sus intervenciones en los últimos tiempos. Ya que ahora, no se trata de manchar la toga con el polvo del camino, sino que ya es meterse en un lodazal. Por lo que está muy preocupado toda la población, ya que es el principal instrumento que asegura la tiranía el actual presidente del Gobierno.

Ahora bien, con todo el derecho que sabe don Cándido, parece extraño el temor que tiene, como ha advertido Bieito Rubido, ante la propuesta de unos magistrados de la Audiencia de Sevilla de consultar a los foros europeos la decisión con la que resolvió, después de haber unas sentencias firmes, el asunto de los ERE andaluces. Ya se habían solventado con gran benignidad en su momento, produciendo una cierta alarma en la sociedad española. Si su decisión fue conforme a derecho, ¿de dónde viene esta alteración del presidente del Tribunal Constitucional, de querer dar explicaciones de sus decisiones para justificar su actuación? ¿Por qué se molesta, si su resolución fue ajustada a derecho, por el mero hecho de consultar unas resoluciones, que la generalidad de los juristas sospecha que hay argumentación con alguna desviación, como efecto de la nueva tendencia de la izquierda a interpretar conforme a la tendencia de resolverlos con un derecho creativo y mirando sus intereses?

Si su resolución se ajusta a derecho, con tal que sea un derecho dentro de la normativa de la Constitución, ¿por qué ha tratado de evitar el recurso al TJUE? Más bien debería esperar que sea confirmado su decisión. Pero parece que no tiene la conciencia tranquila del borrado que hizo del caso de corrupción de los ERE de Andalucía, que toda la población esperaba un castigo modélico.

Pero los acontecimientos se atropellan, y uno ve muy negro el porvenir de nuestro derecho. Por una parte, vemos al presidente del Tribunal Constitucional con interpretaciones progresistas por demás, pero, por otra parte, advertimos a la secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, haciendo una interpretación del derecho, que destruye todo el derecho penal, pues si le quitas la «presunción de inocencia», ya se ha eliminado toda la administración de la justicia en materia penal.

Desde que se inventó el Derecho penal, allá en la Edad Media. Cuando el Derecho canónico ordenó los delitos y las penas, que desconocía el Derecho romano, la primera norma que estableció para juzgar los hechos delictivos, fue que éstos fueran probados por quien acusaba, y esta idea fue la base para estructurar la rama del derecho criminal. Si se le priva al derecho de este concepto fundamental de «presunción de inocencia», se ha destruido la convivencia social. Pues se admite toda acusación al objeto de dañar a una persona, aún sin más fundamento, destruimos la convivencia social, y volvemos a la venganza personal o familiar, propio de los pueblos primitivos, y aún del Derecho romano.

La calificación de «una vergüenza» a una sentencia, porque cuestione el testimonio de una victima que no ha probado la acusación, es algo que deshonra a un Gobierno, y más cuando razona: «el testimonio de una mujer joven, valiente y decidida a denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos», ha de sobresalir sobre la veracidad de los hechos sin presentar los debidos medios de prueba, me lleva a recordar la forma de argumentación que luce la vicepresidenta primera en sus intervenciones en el Parlamento, donde se muestra como una vendedora en el mercado, voceando que su mercancía es la mejor, porque la venda ella. Pero los políticos deberían mostrar sus oferta y demanda con un razonamiento lógico, si quieren ser creíbles.

Hemos reseñado dos casos, en los que el Gobierno jugaba con el derecho, y nos han mostrado que se puede desfalcar tanto por exceso como por defecto. El presidente del Tribunal Constitucional quiere llegar hasta crear el derecho para resolver los casos que le convengan; mientras que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, se ha declarado como totalmente en la inopia respecto al derecho, y no es porque no participe en discusiones jurídicas, pero la salida de pata de banco que suele tener, muestra que sus intervenciones en materia de derecho son de un desacierto total. Un Gobierno que se titule de demócrata debe corregir inmediatamente este modo de interpretar el derecho, y dimitir.