El Gobierno cántabro pide una reunión a Bridgestone Europa para ofrecer colaboración financiera

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Cantabria y los Ministerios de Industria y de Trabajo han acordado "aunar esfuerzos" para tratar de combatir el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Bridgestone y han solicitado una reunión a la dirección de la compañía a nivel europeo para ofrecer "la ayuda y colaboración financiera que necesite" para mejorar su competitividad.

Así lo ha dicho el consejero cántabro de Industria, Eduardo Arasti, cuyo departamento también trabaja en la convocatoria de un plan de formación con compromiso de contratación para las 2.000 personas del sector industrial de Cantabria que se encuentran en paro y al que podrían también acogerse los trabajadores de Bridgestone que finalmente se vean afectados por el proceso de despido colectivo.

El titular de Industria ha abordado este asunto en el Pleno del Parlamento de este lunes al ser preguntado por el diputado del PRC y exconsejero del área Javier López Marcano, que ha pedido a Arasti "que se ponga las pilas".

"Hay que ir a Bruselas a protestar", ha dicho, tras aludir tanto a Bridgestone como a Sidenor -donde la dirección y los sindicatos han alcanzado esta mañana un acuerdo para prorrogar su Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)- para lamentar que atraviesan una situación "muy dramática" en una zona "que lo que necesita son buenas noticias".

Precisamente Arasti ha subrayado el acuerdo alcanzado con los ministerios -a los que ha agradecido su ""- para "tener algo que decir a la dirección de Bridgestone en Europa, ofreciéndole colaboración no solo desde Cantabria sino también desde el Gobierno de España. A ello se suma la citada convocatoria de dormación, que ha calificado como "un plan B" para los afectados por el ERE.

"El Gobierno de Cantabria ha hecho todo lo que tenía que hacer", ha asegurado.

Tras este asunto, el Pleno ha abordado la situación de los afectados por la sentencia que ordena el cese de actividad del camping Las Arenas de Ajo y la demolición de parte de la instalación por hallarse en suelo "ilegal".

El PSOE, y en concreto el diputado Jorge Gutiérrez, ha preguntado al Gobierno (PP) "cómo pudo obviar la situación de irregularidad del camping Arenas de Ajo a pesar de afectar terrenos de protección del Plan de Ordenación del Litoral (POL), a lo que el consejero de Fomento, Roberto Media, ha respondido acusando al anterior Ejecutivo de PRC-PSOE de ser quien "ha engañado a esa gente" por "no hacer su trabajo en su momento".

"Durante años se ha mirado para otro sitio mientras había familias de buena fe que lo compraban y en lugar de pararlo en tiempo y forma lo dejaron pensando que aquello se iba a arreglar", ha dicho, advirtiendo que ya en noviembre de 2016 el Consejo de Gobierno inició un expediente con una sanción de 6.000 euros que recogía la clausura del establecimiento y la inhabilitación para recibir ayudas.

"Lo que ustedes han hecho en estos ocho años [de gobierno] es nada: perjudicar a unos ciudadanos que compraron de buena fe", ha sentenciado, después de que el socialista haya cuestionado "dónde está el Gobierno" de Cantabria para las 100 familias y unas 400 personas afectadas por la sentencia. Además, ha criticado que el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, "se esconde" ante este asunto, que ha llevado a los afectados a movilizarse.

Media también ha advertido que "los tribunales de justicia han dicho que hay que demolerlo". "¿Qué quiere usted que hagamos, que incumplamos con la norma con las sentencias de los jueces? No nos busquen eso".

ESTUDIO LOCALES JUEGO

Ambos puntos se han abordado en la sesión vespertina del Pleno, que ha comenzado con el debate de una proposición no de ley (PNL) del PSOE, que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos y enmendada por los 'populares', para que el Gobierno regional realice un estudio junto a los ayuntamientos sobre las distancias de los locales de juego a determinados centros (educativos o de salud mental) o la concentración de estos establecimientos, condiciones recogidas en el artículo 25 de la Ley que regula el Juego en Cantabria, y que se aprobó en junio de 2022.

Los socialistas proponían en el texto original que dicho análisis se realizase en tres meses, pero el plazo máximo será de seis meses tras la modificación planteada por el partido que dirige el Ejecutivo, y que tendrá que hacer de forma "inmediata" una revisión extraordinaria de las distancias de esos locales para evitar una "concentración excesiva" de los mismos.

Además, antes de finales de año -y no en tres meses como se planteaba inicialmente- el Gobierno deberá elaborar y aprobar, a través del Consejo Técnico de Coordinación y Seguimiento de las Medidas de Prevención, un plan estratégico en el que se recojan objetivos y medidas concretas de prevención y sensibilización frente al juego, con establecimiento de plazos de ejecución.

Y también en seis meses (y no en tres), deberá hacer y promover una campaña de información dirigida a la población en general para prevenir la ludopatía y el uso abusivo del juego de apuestas, que complemente los programas ya implantados por las asociaciones del ámbito de las adicciones en la región.

DISLEXIA EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PRC relacionada con el acceso de las personas con dislexia a la función pública. La proposición no de ley se orienta a garantizar la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los principios constitucionales de mérito y capacidad en quienes padecen este trastorno u otras dificultades específicas de aprendizaje (DEA), implementando de forma consensuada y unificada las medidas necesarias de adaptación en los procesos selectivos.