El fiscal recurrirá la absolución de los exalcaldes de Castro y resto de procesados por los `sobresueldos`
El fiscal del caso de los `sobresueldos` en el Ayuntamiento de Castro Urdiales va a recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria que ha absuelto a los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza y a las otras doce personas procesadas.

El tribunal de la Sección Primera que enjuició los hechos los pasados meses de noviembre y diciembre no halló elementos para sostener la acusación del ministerio público por supuestas irregularidades entre 1991 y 2011 en la contratación de personal funcionario y laboral y el pago de retribuciones indebidas.
El fallo no es firme y la Fiscalía ha anunciado la preparación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, han avanzado fuentes de esta institución a Europa Press.
En concreto, según la resolución judicial, de 213 páginas y dictada a finales de febrero, se absuelve a los dos exregidores acusados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al no apreciarse delito.
Además, la Sala también ha absuelto como cooperadores necesarios a un funcionario y a los concejales del Consistorio que en los años 2008 y 2009 aprobaron los presupuestos municipales omitiendo los reparos del interventor. Y también al que fuera secretario municipal por prescripción del delito que se le atribuía.
En la sentencia se analizan un total de 53 hechos relativos a contrataciones, notas de reparo y pagos abonados a los trabajadores por conceptos como la fiesta del Coso Blanco o el complemento de productividad, que situó como objeto de su acusación la Fiscalía, que va a recurrir el fallo absolutorio.
A la hora de dictarlo, la Sala tuvo en cuenta que buena parte de las notas e informes del interventor, principal elemento de prueba para la acusación pública, llegaron al procedimiento sin firma, por lo que son copias, no documentos originales.
Así, la Audiencia no comparte la imputación de la Fiscalía y cree que tenía que haber demostrado que "los acusados, singularmente los alcaldes, eran autores o partícipes necesarios a título doloso de las contrataciones ilegales de terceros y de ese desfalco, de ese lucro que benefició a una serie de funcionarios y empleados del Ayuntamiento, no a ellos personalmente".
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