La “Ley Celaá” de Educación, el último despropósito…, por Pedro Arce Díez

El macro-consejo de ministros, ministras y ministrelles ha dado a luz, en un parto sectario y poco inclusivo, a un proyecto de Ley que vuelve a incidir en los errores de anteriores leyes y añade algunos más; el primero es que huye del esfuerzo del estudiante, en un inconcebible igualitarismo, que nos lleva a resultados más que mediocres.

No voy a hacer una disección de este proyecto de Ley, que excedería a la dimensión de este artículo, pero si me fijaré en algunos aspectos que son harto significativos.

Y ya es significativo que este proyecto haga la Ley número ¡Nueve!, después de la LOE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, otra vez LOE y LOMCE, sopa de letras donde naufragan nuestros alumnos y se confunden padres y profesores. Y añadir que casi todas estas leyes, alguna sin llegar a ponerse en práctica por la poda de Zapatero, han sido hijas de un PSOE que tiene algunos tics del pasado, como el tema de la religión, el control de los alumnos para su adoctrinamiento y el paulatino descenso de los conocimientos, despreciando, por ejemplo, el valor de la memoria en la formación humana.

Algunas de las novedades de esta Ley son la eliminación de las reválidas o el paso de curso con asignaturas suspensas, lo que ya indica que, sin esfuerzo, el alumno podrá pasar alegremente de curso e, incluso, acabar los estudios, “si el informe de los profesores es favorable”, los cuales quedan a los pies de los caballos y a la presión de padres y alumnos. Incluso pretende limitar la posibilidad de que los alumnos repitan (“…y si no voy a repetir, ¿para qué voy a esforzarme estudiando?). Que con esta Lomloe, que ese parece ser su nombre de pila, se pueda aprobar el Bachillerato sin aprobar todas las asignaturas, ya nos indica las miserias de la misma. Lógicamente, también habrá becas light para alumnos que no tienen necesidad de esforzarse.

El Gobierno, que desea que los alumnos sean sus hijos, tendrá más competencias, pues estos gobiernos que pregonan la libertad, siempre la coartan en la práctica. Y, además, propone que los alumnos “puedan repartirse” por los centros que la Administración o el “funcionario” de turno considere conveniente, en un sinsentido que cercena a las familias la elección de centro que consideren más conveniente. Y el maestro o profesor deberá ser muy obediente con las directrices, so pena de quedar relegado o “depurado” como sucedía allá por los años cuarenta del siglo pasado; su autoridad moral quedará por los suelos y el ambiente en los centros se convertirá en irrespirable, pues los niños que ya se han convertido en pequeños dictadorzuelos en el hogar, camparán a sus anchas en las aulas.

Entran en un bucle con el manido tema de la educación inclusiva y equitativa. Y para ello bajan el nivel general, lo que produce desmotivación en los mejores, quienes, aun así, por su propio esfuerzo y la constancia de sus padres, consiguen resultados brillantes, homologados en Europa; muchas veces, con refuerzos de pago, lo que acaba siendo discriminatorio.

Este Gobierno de ultraizquierda persigue a todo lo que tenga alguna traza de religión católica y de enseñanza relacionada con la misma; y así, la religión, que en los centros públicos es elegida voluntariamente por el 73 % de los padres, queda relegada y su nota no servirá para ser tenida en cuenta. Y en cuanto a los centros concertados, la mayoría de ellos de confesión católica, les cerca para que no puedan ampliar más unidades, aunque tengan demanda, en un intento claro de ponerles al borde del abismo. Y añade el tema de la educación diferenciada, otro de los temas obsesivos de la izquierda, cuando no está claramente demostrado que sea mejor ni peor.

Y es curioso que quienes atacan furibundamente este aspecto de la enseñanza concertada, han sido alumnos de la misma y la mayoría de ellos llevan a sus hijos a este modelo de enseñanza. Aunque de contradicciones de este Gobierno estamos ya a la vuelta de la esquina.

Pero donde este proyecto de “Ley Celaá” patina claramente es en el respeto a la Constitución Española que nos dice en el Art. 27 de la misma lo siguiente:

“1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”

“3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”

Podríamos seguir con otros flagrantes ataques a la Constitución de este proyecto de Ley, como el referido a la lengua, pues el Art. 3 nos dice que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, lo que sabemos que no se cumple y este nuevo proyecto da carta blanca a las comunidades autónomas que todos sabemos y con cuyos votos se sostiene este Gobierno.

En este aspecto y en otros similares como el currículum, hemos convertido a las comunidades en pequeños estados de taifas, de tal manera que sus sistemas educativos campan a sus anchas y ya constatamos las consecuencias de ello, lo que es otro atentado a la igualdad de los españoles, también consagrada y poco cumplida en nuestra Constitución Española de 1978. Y así la Historia, asignatura que impartí durante cuatro décadas, se convierte en algunas comunidades en una novela donde cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hasta los libros de texto tienen versiones distintas, en algún caso vergonzantes (¿Quién no recuerda aquello de que “el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas”?).

Y esto produce, también, que el nivel educativo de unas comunidades con respecto a otras llegue a ser de ¡Dos cursos!, aunque a algunos no les guste oírlo.

Este proyecto aún dará algunas vueltas legislativas, pero yo no confío en que se modifique sustancialmente. ¡Pues, seguirán erre que erre!