Gema Igual dice que "la vigilancia e inspección de las viviendas de uso turístico en Santander, corresponde en "exclusiva" al Gobierno de Cantabria"

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander ha afirmado este viernes que, a día de hoy, no consta ninguna solicitud para habilitar un edificio de uso turístico en la calle Santa Clara 8.

Así lo ha asegurado este viernes, a preguntas del PSOE, después de que vecinos del inmueble alertaran hace unas semanas de que el nuevo propietario del mismo, un fondo de inversión llamado Global Cuena SL, pretendía llevar a cabo obras de rehabilitación para destinarlo a uso turístico.

Según ha indicado, "no consta" presentada ninguna solicitud en relación al número 8 de la calle Santa Clara y tampoco a nombre de la citada empresa.

En relación a la vigilancia e inspección de las viviendas de uso turístico en Santander, el equipo de Gobierno ha insistido en que se trata de una competencia "exclusiva" del Gobierno de Cantabria, según el decreto que en estos momentos está en vigor.

Ha indicado que la Dirección General de Turismo remite cada seis meses un documento con las declaraciones responsables presentadas en Santander para el inicio de actividad como vivienda de uso turístico, que hasta diciembre de 2023, se han contabilizado 1.232.

"El Ayuntamiento no ha autorizado ninguna vivienda de uso turístico y no informa ni positiva ni negativamente sobre las declaraciones responsables comunicadas desde la Dirección General de Turismo", ha reiterado.

Sí ha señalado que en el informe de aportaciones de Santander de cara al nuevo decreto que regula las viviendas de uso turístico, se ha solicitado, entre otras cuestiones, "que se aplique un criterio de temporalidad a las viviendas de uso turístico a partir del cual se considere una actividad económica que se tenga que solicitar a los municipios como requisito previo para darse de alta en el registro competente un informe de compatibilidad urbanística de las autoridades locales u otro mecanismo que favorezca el control municipal".

También se solicita que el nuevo decreto deba garantizar que los ayuntamientos puedan controlar la implantación de las viviendas turísticas en sus respectivos términos municipales.

Además, se ha solicitado un refuerzo del procedimiento de inspección y sanción con el consiguiente incremento, si fuese necesario, de los efectivos.