A consulta pública la regulación del Consejo del Trabajo Autónomo de Cantabria

Esta es una de las medidas anunciadas por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, para apoyar a los trabajadores autónomos mediante el impulso de la participación de las asociaciones de trabajadores en las políticas del Ejecutivo autonómico, según ha señalado el Gobierno en nota de prensa.

El nuevo decreto pretende articular los derechos colectivos de los trabajadores autónomos, regulando el procedimiento para la determinación de la representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos con implantación en Cantabria, así como la creación del Consejo del Trabajo Autónomo de Cantabria como consejo consultivo en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo en la Comunidad Autónoma.

La falta de regulación del procedimiento para la determinación de la representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos con implantación en Cantabria de un consejo consultivo en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo ha llevado al Ejecutivo regional a poner en marcha esta legislatura una serie de medidas "sin precedentes" para apoyar al sector de los autónomos, tales como el Primer Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, mejorar la participación institucional en este ámbito y actualizar el decreto que regula el Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Cantabria, que data de 2011.

Según ha detallado el Gobierno, todo ello se enmarcado en una hoja de ruta de apoyo a las personas trabajadoras "mucho más amplia" que establece el propio Plan, dotado con casi 38 millones de euros anuales para poner en marcha "medio centenar de medidas que beneficiarán a los cerca de 41.000 autónomos que trabajan en Cantabria".

Entre las principales medidas diseñadas por el Gobierno, está la "triple cuota cero" para bonificar las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia; las ayudas adicionales para autónomos que trabajen en sectores prioritarios como la ganadería y la agricultura, el comercio o la fabricación de componentes, así como los que desarrollen su actividad en municipios en riesgo de despoblación, además de la creación de la Oficina Virtual del Autónomo.

Este trámite de consulta pública previa, ha recordado el Ejecutivo, permitirá recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas "potencialmente" afectadas por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con el futuro decreto; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma, y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

OBSERVACIONES Y ALEGACIONES

El plazo de presentación de observaciones y alegaciones será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de esta resolución en el BOC.

Los ciudadanos y organizaciones que lo consideren oportuno podrán presentar sus opiniones por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo en cualquier de los lugares establecidos por la actual normativa.

De igual forma, se podrán presentar las alegaciones a través del Portal de Transparencia en el que se publicará la presente resolución.