El mediador de seguros detenido en Torrelavega será juzgado por apropiación indebida

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega, esta semana en funciones de guardia, ha notificado el auto de apertura de juicio oral al mediador de seguros detenido en Torrelavega, que está investigado por apropiación indebida al no formalizar presuntamente la póliza de un vehículo.

Tras al arresto por la Policía Nacional y después de ser denunciado por una supuesta estafa, el implicado pasó a disposición del juzgado de guardia, en cumplimiento de la requisitoria emitida por el de Primera Instancia e Instrucción 6 de la ciudad, que le investiga desde el año 2022.

Una vez notificado el auto, el investigado fue puesto en libertad, ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en un comunicado de prensa.

El Juzgado 6 investiga a esta persona porque, en calidad de gerente de una agencia de seguros, presuntamente recibió de un cliente 710,97 euros en concepto del seguro de suscripción obligatoria de su vehículo.

Sin embargo, en la aseguradora consta que el mismo fue anulado por impago del recibo correspondiente, de modo que la póliza no produjo efectos por no haber entrado en vigor sus coberturas.

Meses después del pago, relata el auto que una familiar del titular del vehículo fue sancionada con 1.500 euros de multa por circular sin el seguro obligatorio, llevándose la grúa el coche al depósito del Ayuntamiento.

El Juzgado considera que existen indicios de la comisión de un delito de apropiación indebida, que atribuye al gerente de la agencia de seguros y también a la administradora única de la misma.

ACUSACIONES

La Fiscalía ha formalizado su acusación contra el gerente, para el que solicita una pena de ocho meses de prisión y una indemnización de 2.296 euros como autor de un delito de apropiación indebida.

Sin embargo, el ministerio público considera que el procedimiento se debe sobreseer respecto de la administradora única de la agencia, al considerar que no existen indicios de su participación en los hechos.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el cliente afectado pide una pena para cada uno de los dos investigados de dos años y medio de prisión y 2.700 euros de multa, además del pago de una indemnización conjunta y solidaria de 2.296 euros.

Formalizadas las acusaciones, la magistrada del Juzgado número 6 dictó el pasado abril el auto de apertura de juicio oral -ayer notificado a uno de los investigados- y ahora son las defensas las que deben presentar sus correspondientes escritos, paso previo a elevar el procedimiento al órgano competente para su enjuiciamiento.