Rodeados de inútiles.

 Como de costumbre, la Administración impone criterios absurdos, sin escuchar al verdadero conocedor de los centros: el profesorado. 

Los recortes efectuados durante el curso 2011-2012 en las nueve provincias de Castilla y León no tenían ni pies ni cabeza. La propia Consejería actuó como “un elefante en una cacharrería” y así salió la cosa. Durante el presente curso muchos centros no han podido admitir a todo el alumnado que lo ha solicitado porque el profesorado carecía de horas lectivas. Claro que, esas cuestiones le dan igual a la Administración educativa. El caso es aportar para la educación y la sanidad lo menos posible y así poder equilibrar cuentas políticas que son fruto del abuso y del desorden, aunque sea a costa del contribuyente. Por cierto unas cuentas excesivamente opacas para quedar bien.

¿Qué se han recortado ellos, los políticos? Sin embargo, ahí tienen la corrupción actualizada día a día: caso “Bárcenas” sin resolver y lleno de ‘mierda, caso “Gürtel” en Castilla y León no suficientemente aclarado, caso “Lasarte” en Castilla y León, dietas descontroladas en las Cortes de esa misma comunidad, fundadas sospechas sobre presunta corrupción en la cabeza del Ayuntamiento madrileño,… hay más, mucho más.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, haciendo uso de su demostrada ineficacia y mala planificación, va a amortizar un gran número de plazas de profesorado. Todo ello va a dificultar el desenvolvimiento diario, redundar en el caos organizativo, el desprecio a la calidad y la renuncia a la excelencia educativa por parte de la Consejería. Incluso dificultará el concurso de traslados anual. Está claro que el elenco de inútiles que planifican la educación en la Consejería y en el MEC es difícil de superar y deberán pagar cuando salgan de las poltronas; hay que evitar por todos los medios que vuelvan a salir en las próximas elecciones: con la corrupción demostrada, el abuso y el desprecio a la ciudadanía se ha colmado el vaso. ¡Que se vayan, por Dios, que se vayan!

La Consejería de Educación pretende -- por imposición, sin razonamientos y sin criterios claros— la traslación a la plantilla jurídica de las medidas de recorte de la Orden EDU/491/2012, de 27 de junio. Una orden a la que se opuso el profesorado con todas sus fuerzas y ridiculizando a quienes la habían ideado, elaborado y redactado. Ya se sabe que “cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Esa norma supone un claro retroceso de la educación en Castilla y León; incluso, como bien han dicho algunas organizaciones sindicales de docentes: “es un claro retroceso con respecto al Acuerdo de 19 de mayo de 2006, alcanzado con la Consejería de Educación de Castilla y León”

Con las nuevas medidas de la Consejería de Educación se lesionan los intereses de los docentes y del conjunto de la sociedad. Cualquiera diría que en la Consejería de Educación han marcado al profesorado como enemigo público. Nunca tan pocos hicieron tanto daño y tan continuado. La gravedad de los recortes atentan, en gran medida, a la igualdad de oportunidades educativas del medio rural. Lo raro es que la calle siga tan tranquila.

Jesús Salamanca Alonso