Golpe de Estado del separatismo catalán

Muchos estamos convencidos de que la Cup-eta y la dictadura fraudulenta narcotraficante de Nicolás Maduro está detrás de estos separatistas que violan la Constitución de todos los españoles. Tanto como apelamos a la Carta Magna de 1978, ahí viene perfectamente clarificado  el artículo 155 que -- desde mi punto de vista-- habría que aplicar ya, sin más dilación, para evitar.

Representantes de las instituciones catalanas se han cargado vulgarmente la democracia. Han demostrado que no saben lo que es la convivencia con el resto de comunidades autónomas del Estado español; un Estado al que pretenden imitar y del que se han mofado desde hace años: ahí tienen la cantidad de veces que ha habido que recurrir al Tribunal Constitucional por desobediencia institucional o incumplimientos absurdos. El pasado miércoles, el parlamento catalán se convirtió en el hazmerreír de toda Europa y del mundo democrático; a ello hay que añadir el ridículo permanente que viene haciendo Cataluña con la creación de embajadas catalanas que nadie reconoce ni hace caso.

Resulta difícil entender que se salgan de la Constitución española apelando a la "libertad de expresión", "libertad de los pueblos", "los derechos humanos", “aspiración de libertad”, “falso consenso del pueblo catalán”,... Pero lo cierto es que es un claro golpe de Estado que hay que atajar cuanto antes. Y hay que hacerlo con toda la contundencia de la ley, como se hizo con los insurgentes del 23F. Se echan de menos manifestaciones multitudinarias y opiniones contundentes del ámbito judicial, precisamente en este golpe de Estado dañino para España, la Unión Europea y el mundo democrático. Confío en que no falten las sanciones penales ante la excesiva gravedad de lo acaecido en el parlamento catalán y el odio difundido desde algunas instituciones, entre las que no se excluye el consistorio de Barcelona.

Mayoritaria es la población de Cataluña que no quiere independizarse de España. Son los partidos de corte independentista y antisistema quienes reaccionan contra derecho e interpretan de forma burda el deseo secesionista. Desde mi punto de vista han llegado muy lejos, excesivamente lejos, al secuestrar la democracia con un claro objetivo: fracturar España. Y actitudes así no hay por qué consentirlas. Las decisiones no se toman "por narices": cabe el diálogo cuando hay resquicio para ello, pero en este caso la Constitución es clara y cuanto alude a la indivisibilidad del Estado, también.

¿Hay culpables? Claro que los hay y en distintos frentes. Primero los distintos gobiernos nacionales que han permitido el juego sucio y navajero de los sucesivos gobiernos autónomos catalanes. En segundo lugar, los grupos antisistema e independentistas que, en una amalgama vulgar y nada respetable, han retorcido la irretorcible normativa. Y, por último, las presiones venezolanas hacia el mundo del `perroflautismo` integral; algo así como el `yihadismo` corrompido y desnortado. Insisto en que el golpe totalitario del separatismo no puede quedar impune; ese totalitarismo carece de valores y virtudes, por lo que se asienta en el delito, la vulneración de garantías democráticas y la ceguera secesionista.

Nadie debe sorprenderse de la dureza mostrada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Tiene tan claras las ideas y la legislación al uso y al respecto que se ha encargado de fijar la postura del Gobierno y esa postura ha sido dura, aunque no más dura de cuanto marca la ley en este caso. Ahora tenemos que ver esa dureza contra Forcadell, principal responsable del desaguisado parlamentario para mostrar al mundo el golpe de Estado dado en Cataluña. El código penal debe defender el atentado que ha cometido contra la institución parlamentaria, contra el Estado de Derecho y contra la propia Cataluña.

Están lejos los tiempos en que los Mossos fueron puestos a buen recaudo por admitir la proclamación de la república catalana. Por entonces, el Gobierno supo pararlos los pies. En este momento es la vicepresidenta la encargada de fijar la postura del Ejecutivo. Fue muy dura en términos políticos, en especial contra Forcadell, la presidenta de la Cámara autonómica catalana. "Se acercan a los regímenes dictatoriales, es bochornoso y vergonzante", llegó a declarar la vicepresidenta en Moncloa. Y fue más lejos: "Bajo el mandato de Forcadell ha muerto la democracia". Carmen Forcadell debe ser inhabilitada ‘ipso facto’ y volcar sobre ella la medida más dura que permita el código penal. Recordemos que es la tercera desobediencia de la presidenta de la Cámara.