La comisión de investigación de Ecomasa debatirá las conclusiones de los grupos el 16 de mayo

   PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos han señalado como máximo responsable político del fallido proyecto al expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, que asumió esa responsabilidad en su comparecencia. El PRC ha ido más allá y ha pedido su dimisión de los cargos públicos que ostente en la actualidad (es diputado).

   Por su parte, el PP ha defendido que la actuación pública fue "intachable", y su portavoz, Eduardo Van den Eynde, ha pedido que se aplique a Diego "el mismo grado de responsabilidad política que se aplicó a Miguel Ángel Revilla por el caso GFB, Racing, Cantur y Nueva Papelera del Besaya", es decir, ninguno.

   Tanto el PRC como su socio de gobierno, el PSOE, piden específicamente en sus conclusiones que la Fiscalía investigue los hechos para conocer el "paradero" del dinero público aportado por el Gobierno -18 millones de euros- y del procedente de las indemnizaciones de los trabajadores de Teka recolocados en Ecomasa -3,2 millones-, con el fin de que sea devuelto y para depurar las responsabilidades penales oportunas.

   Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que el dictamen que apruebe el Pleno se elevará de forma automática a la Fiscalía. Estas mismas fuentes han indicado que en los próximos días habrá negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios para intentar consensuar una propuesta de dictamen.

   El acuerdo es obligado dado que ningún grupo por separado suma la mayoría absoluta necesaria para aprobarlo. El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, exparlamentario de Ciudadanos, no ha registrado conclusiones porque no ha formado parte de la comisión.

   Impulsada en primera instancia por Podemos, la creación de esta comisión de investigación se aprobó por unanimidad en febrero de 2016.

   Desde su constitución el 1 de julio de ese año, han comparecido un total de 43 personas, entre ellos los interventores del Gobierno de Cantabria; los representantes de los trabajadores de Ecomasa y Teka; los dueños de Ecomasa: Andrés de León y Jesús Lavín; y los administradores concursales.

   También responsables de Sodercan y del Instituto Cántabro de Finanzas, entre ellos el entonces director del ICAF, Jorge Gómez de Cos, a quien varios grupos parlamentarios señalan como "responsable directo" por la "relación de amistad y profesional que le unía a uno de los propietarios de Ecomasa".

   Por parte del anterior Gobierno del PP comparecieron Diego y sus consejeros de Industria, Eduardo Arasti, y Economía y Hacienda, Cristina Mazas, y por parte del actual Gobierno PRC-PSOE, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, y Salvador Blanco, que por aquel entondes todavía era director de Sodercan.