La auditoria del `caso Obras Públicas` detecta "debilidades" en el control interno de los contratos

Este encargo surge de la supuesta trama de contrataciones irregulares en el Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, que saltó a la luz pública en febrero de 2023, y por el que se encuentran en proceso judicial un alto funcionario y varias empresas por la adjudicación de contratos a cambio de mordidas.

Según publica este domingo El Diario Montañés, en el documento los auditores destacan "la falta de comprobaciones" de la ejecución de las obras y que es la misma persona la que interviene en las fases de contratación. Asimismo, apunta a "la falta de una correcta determinación del presupuesto de licitación y del cálculo del valor estimado de los contratos a precio de mercado".

El estudio abarca un muestreo de contrataciones suscritas por la Consejería de Obras Públicas durante el periodo de marzo de 2018 al 31 de agosto de 2023, cuando se inició dicha auditoria, con un total de 219 expedientes correspondientes a más de 32 millones de euros, excluyéndose aquellos contratos que están en proceso judicial, señala el periódico.

Entre los aspectos que destacan los auditores, destaca la inexistencia de una planificación de contratación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público o que no existe un proceso interno para obtener una relación del cumplimiento de objetivos en base a riesgos, actividad de control o supervisión de la contratación y ejecución del contrato que sea capaz de prevenir, detectar y corregir deficiencias legales.

La Intervención General del Gobierno también resalta las "debilidades" en los expedientes de contratación menor en los que, entre otras, se han detectado la ausencia de firmas en las memorias y proyectos o la falta de solicitud de tres ofertas.

Por otra parte, desvela el "marcado aumento" de contratos de emergencia realizado en 2019, que fueron disminuyendo en número hasta 2023, adjudicándose en los cinco años un total de 289, de los que "no ha quedado suficientemente acreditado" que la ejecución de las obras se haya limitado a lo necesario de la actuación sobrevenida.