El Gobierno de Cantabria aprueba el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, que recibe 500 alegaciones

Así lo ha informado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, en rueda de prensa, en la que ha explicado que el 60 por ciento de las alegaciones al texto recibidas proceden de un particular y tienen que ver con la modificación de estilos formales para la mejora de su redacción.

Asimismo, ha destacado que de estas alegaciones se desprende que el texto ha tenido una "buena acogida" en general, con valoraciones "muy positivas".

Y es que la norma introducirá todas las medidas de reducción de tiempos de resolución y de cargas administrativas, así como otras mejoras en los sistemas de organización, gestión y digitalización de la administración pública, con el objetivo de facilitar la actividad a ciudadanos y empresas y atraer inversiones.

La finalidad, ha indicado la consejera, es convertir a la Administración, además de "ejemplar" y "transparente", en "moderna" y "ágil", mediante la "eliminación de trabas" y generando un "entorno facilitador", lo que es importante para la "confianza" de las empresas.

Urrutia ha apuntado que no se trata de una eliminación de trámites, sino de una "reducción" de los mismos, en los que se pasa la responsabilidad al ciudadano.

En concreto, se han recibido alegaciones procedentes de cinco de ciudadanos particulares, cuatro de asociaciones empresariales, cuatro de colegios profesionales, dos de entidades locales, una de la Delegación del Gobierno y otra más de un partido político.

Estas sugerencias, que han "mejorado" el texto, están relacionadas con la mejora de los sistemas informáticos para la transmisión de información entre ciudadanos y administración, la aportación de medios para hacer más eficaz la norma, junto a documentos y modelos estandarizados e instrucciones que faciliten la presentación de la documentación y la colaboración y coordinación con los ayuntamientos.

MEDIDAS DE "GRAN IMPACTO"

Urrutia ha puesto en valor las medidas de "gran impacto" que introducirá la norma en todas las consejería, entre las que destaca que primará la declaración responsable en el régimen de licencias y autorizaciones, el silencio administrativo positivo y la reducción de trámites y plazos.

La norma suprime con carácter general la necesidad de obtención de licencia municipal de actividad, apertura o funcionamiento para la instalación de cualquier actividad económica y empresarial, y su sustitución por un régimen de comunicación.

En este punto, con las alegaciones presentadas se amplía la regulación de la declaración responsable y se da "más garantías", al establecer el plazo de un mes para subsanar deficiencias en la comprobación del cumplimiento de todos los requisitos.

Igualmente, se introduce el deber general de que todos los órganos promuevan la simplificación administrativa, el principio de mínima intervención y de gestión simultánea de todos los trámites, así como las tramitaciones conjuntas de los procedimientos y su gestión coordinada.

En este ámbito, se conservarán los trámites administrativos autonómicos generados en los sucesivos procedimientos relativos a una misma iniciativa.

El nuevo proyecto de ley regula, además, las entidades colaboradoras de certificación, acreditación y registro para agilizar los trámites que se deben presentar ante la administración pública.

En este ámbito, se introducen otras mejoras al texto respecto al presentado en agosto, dado que no tendrán que volver a acreditarse si cuentan con la habilitación nacional y formarán parte del Observatorio para la simplificación administrativa.

También se plasman medidas que facilitan el 'mercado abierto' con carácter general, en la que todo operador económico nacional podrá ejercer su actividad en Cantabria libremente, sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica.

Además de la supresión general de licencia municipal de apertura para las nuevas actividades empresariales y económicas, la nueva ley crea un marco de tramitación preferente para fomentar la actividad productiva y el empleo mediante la declaración de inversiones empresariales de carácter estratégico, tanto respecto a proyectos de promoción pública como privada.

Con ello, se reducirán plazos y se accederá de forma preferente a incentivos a la inversión, líneas de financiación y avales, junto con la posibilidad de articular subvenciones en régimen de concesión directa y otras ventajas asociadas a efectos expropiatorios.

Además, tras el proceso de información pública, se introducen otras dos novedades: la compatibilidad de ocupación de dominio público con otros usos existentes y simultanear la declaración de proyecto empresarial estratégico con el de interés regional.

Así, se incluye la posibilidad de tramitación conjunta en un único procedimiento de ambos instrumentos, al amparo de la figura de la gestión coordinada de procedimientos y bajo el impulso y la supervisión de la unidad aceleradora de proyectos.

Este servicio será el encargado de impulsar los proyectos de promoción pública y privada, y será creada por decreto de la presidenta.

Por último, el Gobierno regula un régimen sancionador para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.