Maltrato a la educación pública

Debo confesar que me ha costado leer la LOMCE completa. Mientras leía detenidamente esa ley ha habido momentos para todo: desde el aburrimiento hasta la indignación, pasando por la vergüenza ajena y el sonrojo. En muchas cuestiones se aprecia una acción simple y vulgar de copia-pega de leyes anteriores, pero además una acción de copia-pega mala, como si se hubiera intentado plasmar la LOCE de nuevo o alguna de las barbaridades de la actual LOE.

Eso demuestra la fijación del Gobierno conservador en muchos aspectos que, dicho sea de paso, va a traer cola. No tiene sentido ese afán por sacar adelante una ley rechazada por todos los sectores de la comunidad educativa, por una parte importante de la sociedad y por las organizaciones sindicales. 

Una de las cosas más tristes que hemos comprobado en el desarrollo y tramitación de la LOMCE ha sido comprobar cómo muchos políticos culpan al profesorado de todos los males del sistema educativo, sin darse cuenta que el profesorado es precisamente quien tamiza la normativa que el MECD publica, pues de otra manera el fracaso sería muy superior al actual. Tenemos un Ministerio de Educación nada afortunado en los dos últimos años y nada gratificante en las dos legislaturas anteriores.

Si algo caracteriza al MECD y a las Consejerías de Educación de algunas comunidades autónomas es la desconfianza hacia el profesorado y un claro complejo de superioridad mal entendido y peor aplicado. Cualquiera diría que hay un afán de atropello y de indignación contra el profesorado, de ahí que éste no considere a la Administración educativa como su aliada natural; ni siquiera los directores de los centros educativos que, según la normativa, son los representantes de la Administración educativa en los centros; es excesivo, en ocasiones, el sufrimiento y el agobio por el que las Consejerías de Educación y de Hacienda hacen pasar a los responsables de los centros. 

La mala gestión de la Consejería de Educación en algunas comunidades autónomas la pagan los centros, se traduce en el retraso de pagos y traspaso de gastos de funcionamiento, además de en la imposibilidad de actualizar equipos, mobiliario y dificultades para mantener las propias plantillas. 

Hace tiempo que las Consejerías de Educación miran más por salir bien en la foto del diario provincial que por trabajar por la realidad de los centros. Eso se traduce en lo que ya conocemos: tenemos malos políticos, pésimos gestores en la Administración central y autonómicas y evidentes maltratadores de la educación pública con recortes absurdos o atropellos indignantes.