País en almoneda

El Centro Nacional de Inteligencia (C.N.I.), cuyo nombre se estrenó en 2002, debe tener información suficiente para presentarla en cada momento que sea requerida por el presidente del Gobierno. Pero en Política, cuyos vericuetos son diferentes a los de la ciudadanía que vota, ante avisos peligrosos para el Estado español, no fueron lo suficientemente convenientes para abordar su ya trazada ruta umbilical.

Los españoles han sido engañados con ocurrencias, con delirios de grandeza, consiguiendo sembrar la semilla que habitualmente se recoge con el nombre genérico de marca blanca, que viciadamente se denomina demanda social, por los gobiernos de Felipe González –actualmente muy preocupado con el desafío independentista catalán, pero timorato con Jordi Pujol en el desfalco de Banca Catalana, cediendo los Fondos Europeos de Cohesión y el 30% de la recaudación del IRPF, incluyendo más autogobierno–; de José María Aznar –incrementando las competencias catalanas tras el Pacto del Majestic–; de José Luis Rodríguez Zapatero –blindando estatutariamente las atribuciones catalanas en contra del Estado español–; de Mariano Rajoy –exhibiendo una magnífica ineptitud gubernamental, durante su sexenio de sesteo, sobre todo en la melindrosa gestión catalana–; de Pedro Sánchez –plagiario, interino y okupa monclovita, dedicado a decretar autocráticamente sin legislar, mientras traiciona a la Constitución’78.

Y es que la codicia de los políticos autonómicos insolidarios –a los que habría que recortar vicios, porque no cotizan lo suficiente a la Caja de Pensiones, pensando erróneamente que la longevidad puede acabar con ella, cuando lo que se percibe es que no saben gestionar el dinero ajeno a su bolsillo–, han conseguido debilitar al Estado español, siendo responsables ante la Historia de haber permitido la desigualdad entre españoles, invirtiendo más infraestructuras en unas regiones que en otras.

Los españoles han sido defraudados, dado que nadie se puede tomar en serio que se puedan arreglar los destrozos mentales provocados mediante un adoctrinamiento continuo de más de cuarenta años, como cuando fueron convocadas precipitadamente las elecciones catalanas en tan sólo cincuenta y tres días.

Un artículo 155 de la Constitución’78, gazmoño, que no cambiaría sustancialmente el arco parlamentario catalán, que no disolvió el cuerpo policial de los Mozos de Escuadra, que no se clausuró la cadena televisiva TV3 –que prohíbe hablar en castellano, tanto al entrevistador como al entrevistado–, que daría más alas a los partidos independentistas y desestabilizadores, aún sin ilegalizar, que podría acarrear consecuencias imprevisibles, como las que se están viviendo, desconociendo la luz del final del túnel.

En el horizonte de la torpedad del Gobierno correspondiente se distingue una incomprensible debilidad estatal, fomentada por la cerrilidad que ha permitido participar a políticos insaciables fuera de la legalidad vigente –olvidándose de los Códigos Civil, Penal, Mercantil–, que se muestra solidario con el extraño, pero insolidario con el vecino, de muy difícil remedio.