Piden 5 años al productor de `Cuervos` por el uso indebido de un préstamo avalado por el ICAF

La Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel a un productor por el uso indebido de un préstamo recibido con el aval del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) para el rodaje de una película en la región -`Cuervos`- que nunca llegó a estrenarse.

En concreto, pide esa condena por un delito continuado de estafa al socio y administrador de hecho de una sociedad dedicada a la producción cinematográfica, que será juzgado la próxima semana en la Audiencia Provincial junto a otra persona, socia de una de las empresas relacionadas con la productora.

El ICAF, personado en la causa, reclama para cada uno de los acusados seis años de cárcel, como autores de un delito de insolvencia punible. Y ambas partes interesan una indemnización de 1,45 millones al instituto, dependiente del Gobierno autonómico.

La vista se celebrará desde el lunes, 28 de octubre, a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera, y está previsto que se desarrolle hasta el jueves, día 31, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Según el escrito fiscal, el administrador de la productora, el único de los dos enjuiciados al que acusa esta parte, solicitó de mutuo acuerdo con otra persona -que se encuentra en rebeldía- y "con el fin de obtener un ilícito beneficio", un aval financiero al ICAF por 700.000 euros para la producción en Cantabria del largometraje `Cuervos`.

Se trata de un thriller de Raúl Romera y protagonizado por Fernando Ramallo, Marta Serrano y Asunción Balaguer que empezó a rodarse en marzo de 2014 en la Finca del Marqués de Valdecilla (Solares, Medio Cudeyo) y que se grabó también en otros lugares de la región, como Liencres y La Arnía. El film supuso un "quebranto" de 1,2 millones al Ejecutivo y la productora entró en concurso en 2018.

AMPLIACIÓN DEL AVAL Y VACIADO DE LA CUENTA

Una vez que el aval fue autorizado, la productora firmó un préstamo con una entidad bancaria por el citado importe, y la cantidad fue ingresada en la cuenta del acusado. A continuación, se hicieron desde la misma "múltiples transferencias al procesado, ya personalmente o a alguna de las sociedades de las que era socio y administrador único, también a familiares directos y a otras cuentas que la productora tenía y eran manejadas por el propio acusado".

Cuatro meses después, el implicado, "siguiendo la planificación ideada desde un principio", solicitó en nombre de la productora una ampliación del aval financiero por importe de 450.000 euros, que también se le autorizó y cobró.

Una vez más, cuando la cantidad fue ingresada en su cuenta se realizaron "numerosas transferencias al acusado, familiares y empresas por él controladas en exclusividad, de forma que la cuenta quedó sin saldo positivo".

DOS PELÍCULAS, DE MALA CALIDAD Y QUE NO LLEGARON AL CINE

La productora carecía de un domicilio social donde instalar su centro de operaciones o personal contratado por ella, según la Fiscalía, que apunta que se destinó "una mínima cantidad al rodaje de la película", que finalmente fueron dos y "que dada su mala calidad ni siquiera fueron explotadas comercialmente".

Así, las dos cintas tuvieron un coste de 34.110 euros y "su única finalidad es dar la apariencia de que las cantidades prestadas y avaladas se empleaban en el proyecto presentado para ello", según la acusación pública, que explica que la productora "solo atiende a algunos de los pagos del préstamo", de modo que la entidad bancaria reclama al ICAF en su condición de avalista 1.495.000 euros. El instituto solicitó la declaración de concurso de la productora y el Juzgado de lo Mercantil de Santander lo declaró culpable.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de estafa merecedor de cinco años de prisión, 4.950 euros de multa e indemnización al ICAF por importe de 1.495.000 euros.

PLANIFICACIÓN CONCERTADA

Por su parte, el ICAF también acusa a otra persona, socia de una de las empresas relacionadas con la productora, al entender que ambos, "de forma concertada, idearon y planificaron la ejecución de una serie de conductas tendentes al vaciamiento patrimonial" de la productora, que era administrada por el primer procesado.

Cree que ambos, "en ejecución de un plan preconcebido, urdieron una trama al objeto de incorporar a sus respectivos patrimonios, de sociedades por ellos participadas o administradas, la mayor parte de los importes correspondientes a los préstamos recibidos, provocando con ello la situación económica de la productora, su completo vaciado patrimonial y la situación de concurso de acreedores de la misma". Así, lograron "la imposibilidad del ICAF de poder recuperar cantidad alguna respecto a los importes avalados".

Por tanto, el ICAF acusa a los dos como autores de un delito de insolvencia punible, por el que solicita seis años de prisión y 288.000 euros de multa para el administrador de la productora y cinco años de cárcel y 108.000 euros de multa para el socio de una de las mercantiles relacionadas con ella. Además, en concepto de responsabilidad civil reclama una indemnización de 1.450.000 euros de la que deberían responder ambos.