Cargos de Indra y Google dicen al juez del `caso Begoña Gómez` que no conocían detalles de la financiación del software

Directivos y exdirectivos de Google e Indra han asegurado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado que, por sus cargos, no tenían conocimiento de los detalles de la negociación para invertir en el `software` del máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que --según Hazte Oír-- se habría apropiado la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se han pronunciado en sus declaraciones los tres testigos citados ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Todos han comparecido después de que el juez tuviese que suspender en dos ocasiones estas testificales: en enero por problemas técnicos y en febrero porque los testigos no acreditaron adecuadamente sus cargos.

Fuencisla Clemares, quien fuera directora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de `go to market operations` para Europa, Oriente Medio y África de la tecnológica, ha sido la primera en comparecer. Durante poco más de media hora ha explicado que, aunque sabía de dicho convenio con la Complutense y de la inversión económica realizada, no estaba al tanto de los detalles porque tenía otras funciones adjuntas a su cargo.

Según las fuentes consultadas, Clemares ha señalado que llegó a coincidir con Begoña Gómez en varios actos institucionales, pero ha recalcado que en ningún momento se reunió o conversó con ella sobre la inversión de Google en el `software` del máster.

Por su parte, Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra; y Cristina Ruiz, exconsejera delegada de Indra y exconsejera ejecutiva de Minsait --filial de Indra--, han señalado que no tenían conocimiento de la inversión en el `software` porque no era un asunto relativo a sus cargos.

En el marco del interrogatorio, los tres testigos han aportado al juez los nombres de las personas que en dichas empresas eran responsables del proyecto con la UCM.

GOOGLE INVIRTIÓ 110.000 EUROS

Estos directivos han acudido a la sede judicial después de que el año pasado informaran por escrito al instructor de las inversiones que ambas compañías hicieron. Según la documentación que obra en el sumario de la causa, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, Google sufragó 110.000 euros en dicho `software`.

La compañía explicó que en diciembre de 2022 Google Ireland Limited firmó un acuerdo de patrocinio con la Universidad Complutense en el que "se comprometía a patrocinar el Proyecto Transforma TSC mediante la aportación de 40.000 euros".

Según la tecnológica, a medida que el proyecto avanzaba "su complejidad técnica fue aumentando progresivamente y resultó ser superior a la inicialmente prevista". "En este sentido, para garantizar la correcta finalización y ejecución del proyecto de acuerdo con los estándares de calidad de Google, se invirtieron otros 70.000 euros", agregó.

INDRA ABONÓ 128.442 EUROS

Por su parte, Indra informó de que había invertido 128.442 euros. Según precisó, dichos trabajos se facturaron internamente a otra compañía del grupo, Indra Soluciones Tecnológicas de la Información y en ningún momento disfrutó de "beneficios o deducciones fiscales".

En su escrito, Indra explicó que --junto a su filial Indra Business Consulting-- colabora de "forma altruista" con diferentes universidades e instituciones en "diferentes ámbitos relacionados con la sostenibilidad y la captación de talento".

La tecnológica apuntó que, en el marco de dicha labor y en virtud de una adenda al convenio de creación de la cátedra extraordinaria TSC, en 2022 inició su "colaboración" con dicha cátedra codirigida por Gómez. Las dos negaron haber recibido beneficios fiscales por sus aportaciones.

Las declaraciones de este miércoles tienen lugar después de que el pasado octubre el juez ampliara la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del `software` de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho `software`.

La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada en esta causa por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.