Amnistía alerta de descoordinación, discriminación en ayudas y falta de prevención de riesgos un año después de la dana

En dicho informe, la organización ha advertido que en el primer aniversario de la catástrofe "se sigue construyendo en los municipios afectados exponiendo a decenas de miles de personas a nuevas inundaciones que podrían producirse en cualquier momento".

La entidad ha denunciado la "permisividad urbanística" en zonas inundables de la Comunidad Valenciana, y aseguran que 15 municipios de la provincia de Valencia tienen todos sus inmuebles en áreas de riesgo de inundación.

En concreto, en Paiporta y Catarroja se concentran más de 16.000 viviendas expuestas al reisgo.

Pese a ello, un año después de la dana, según Amnistía, no se ha aprobado la revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricoa) ni se han reformado normas estatales sobre gestión de riesgo de inundaciones.

Por el contrario, asegura la organización, las autoridades autonómicas valencianas han diseñado un urbanismo "exprés" que flexibiliza los procedimientos y "permite continuar aprobando proyectos urbanísticos en los municipios afectados, poniendo en riesgo el derecho a la vivienda de las personas".

La ONG ha puesto también el foco en la "discriminación" a personas migrantes, especialmente a las que se encuentran en situación irregular. Se estima que 6.000 migrantes se han visto afectados.

Los damnificados se han "enfrentado a trámites complejos, información escasa o tardía y escasez de vivienda social". Asimismo, Amnistía considera que la ayuda máxima de la Generalitat de 800 euros mensuales resulta "insuficiente frente a los precios de alquiler en los municipios afectados, que aumentaron tras la dana" y aseguran que las mujeres, especialmente las migrantes trabajadoras del hogar, han sufrido exclusión en el acceso a estas ayudas. La estimación es que que 60.000 personas migrantes resultaron afectadas.

La entidad ha puesto además el foco en la falta de coordinación de las administraciones y ha denunciado incumplimientos en obligaciones en materia de adaptación al cambio climático y protección del derecho a la vivienda. En este sentido, han recordado que decenas de miles de personas vieron dañados sus hogares a causa de las inundaciones. No obstante, han señalado que las diferentes administraciones aún no han publicado una cifra precisa y consolidada sobre el número total de viviendas afectadas.

La Generalitat Valenciana informó de 15.969 viviendas afectadas, con un coste estimado de 569 millones de euros. De ellas, 1.530 fueron declaradas inhabitables y 524 han tenido que ser desalojadas por daños estructurales. Según las autoridades autonómicas, el cómputo corresponde a aquellas viviendas que fueron notificadas por los ayuntamientos con el fin de que el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) realizara la correspondiente peritación por encontrarse en una situación de mayor afectación.

Por su parte, el Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana refiere 11.242 viviendas afectadas, 1.491 viviendas declaradas no habitables y 564 viviendas desalojadas. Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros ha reportado haber recibido 76.481 solicitudes de indemnización de viviendas y de comunidades de propietarios localizadas en Valencia. A estas cifras debe añadirse, además, el número de viviendas dañadas sin cobertura de seguro y que no fueron peritadas por el IVE.

Otro de los aspectos denunciado por la organización es la falta de transparencias en las ayudas.

Ante esta realidad, Amnistía ha solicitado a las autoridades una "moratoria inmediata de proyectos urbanísticos en municipios afectados por la dana, la adopción de medidas sobre gestión del riesgo de inundaciones y estudios pormenorizados por parte de los ayuntamientos, así como la revisión del sistema de protección social frente a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos en España.

Reclaman, asimismo, un incremento del parque de vivienda social en zonas afectas, así como garantías de igualdad de acceso a las ayudas a personas migrantes y en situación vulnerable.