El Defensor del Pueblo recibió 374 quejas de Cantabria y no indica cuantas fueron resueltas

Entre esos expedientes --que a nivel nacional se elevan a 33.454-- se encuentra la solicitud realizada por Podemos para que se interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas fiscales y administrativas de Cantabria, extremo que el Defensor del Pueblo descartó.

Por otro lado, el pasado ejercicio la institución analizó la cobertura de vacantes de personal sanitario por parte de las comunidades, y en el caso de la Consejería de Salud de Cantabria señaló al respecto su criterio general de ofertar las plazas una vez transcurrido el periodo de un mes desde que quedan descubiertas.

Así, y una vez que se confirmó la contratación de tres facultativos especialistas en neurología en el Hospital Comarcal de Laredo durante 2024, concluyeron las actuaciones del Defensor con la Consejería cántabra.

Otra de las líneas de actuación del pasado año fue atender quejas presentadas por los ciudadanos sobre el cuidado que se presta a las personas mayores, y de forma complementaria se hizo una supervisión directa del funcionamiento de los centros residenciales en varios lugares, entre ellos en Cantabria.

El informe en este sentido recoge que el Gobierno cántabro, con la participación de las consejerías de Salud y de Inclusión Social, constituyó la Comisión de Coordinación Sociosanitaria con el objetivo de mejorar la atención de las personas en situación de dependencia, vulnerabilidad social o patologías crónicas.

Además, optó por aprobar una orden por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia de la región.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo recibió algunas quejas de vecinos por ruidos. En este punto, dirigió una sugerencia al Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna por un establecimiento.

También remitió otras recomendaciones al Ayuntamiento de Laredo, por la existencia de problemas de malos olores o de insalubridad; al de Castañeda, para modifique las ordenanzas sobre tasas municipales en las que se contemplan beneficios fiscales basados en el lugar de empadronamiento; al de Entrambasaguas, para que aprobara unas normas reguladoras sobre el uso de los perfiles en las redes sociales; y al de Penagos, un recordatorio sobre deberes legales.

También fueron "numerosas" las quejas presentadas en 2024 sobre las molestias causadas por las prestaciones de servicios públicos municipales como el alumbrado, la pavimentación de vías públicas o el servicio de limpieza viaria en el país. Algunas de las actuaciones llevadas a cabo dieron lugar a sugerencias, entre ellas al Ayuntamiento de Cabezón de Liébana.

INFRACCIONES EN CENTROS DE MENORES

El informe también recoge que el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) realizó visitas a dos centros de menores donde se hallaron algunas infracciones de Cantabria, una de ellas al Centro Socioeducativo Juvenil y la otra al Centro de Atención Especializada a Menores Valle de Cayón.

En el primer caso se trató de una visita de seguimiento, mientras que la otra era primera visita. Éstas dieron lugar a la formulación de recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales, ya que se detectaron asuntos como la carencia de datos desagregados por sexo, la falta de perspectiva de género, la falta de lenguaje inclusivo y de recogida estadística de variables transversales.

El informe señala al respecto que en el caso de las niñas es esencial la recogida de las variables de minoría gitana, discapacidad e inclusión en el sistema de protección de menores, pues muy a menudo concurren tales variables. También destaca las recomendaciones del MNP a Cantabria para que se articule un protocolo de acoso en cuanto a los menores LGTBI.

Así, en las visitas realizadas en 2024, el MNP recomendó a las autoridades competentes de la región que los protocolos de riesgo suicida y el protocolo de prevención de autolesiones cuenten con indicadores diferenciales de género y de diversidad sexual.

Además, en las visitas a estos centros se comprobó también una "falta generalizada de personal de seguridad femenino".