Vox recusa a 7 concejales del PP en la votación sobre la comisión de investigación de basuras

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

El Grupo Vox de Santander ha recusado a siete concejales del PP en la votación en el Pleno del allanamiento del Ayuntamiento en el recurso judicial para anular la modificación del reglamento que incorporó la creación de comisiones de investigación como la de basuras, que ha salido adelante con los únicos votos del PP.

Según Vox, la recusación daría lugar a la nulidad del acto --la votación-- y también a responsabilidades --que podrían ser incluso penales, según la formación de Abascal-- a los que no se hayan abstenido.

Durante el debate, el concejal de Vox, Ángel Madariaga, ha anunciado que al finalizar el Pleno presentará por escrito un recurso para recusar a los siete concejales del PP firmantes de la demanda, y que son parte demandante, que han votado a favor del allanamiento, por ser este acto contrario al Reglamento del Pleno, que recoge que "los concejales que tengan un interés personal o particular o alguna cuestión litigiosa pendiente se tendrán que abstener de las deliberaciones o incluso ausentarse el Pleno".

Como ha explicado Vox, aunque los ediles populares ya están apercibidos, será el secretario del Pleno quien tendrá que decidir al respecto, pues el acta se aprueba en la siguiente sesión plenaria --la de octubre--, y de hecho este grupo le pedirá un informe al respecto.

Con todo, en la votación de este jueves, el Grupo Popular de Santander ha hecho uso de su mayoría absoluta para aprobar el allanamiento del Ayuntamiento en el recurso contencioso-administrativo para anular la modificación del reglamento que incorporó la creación de comisiones de investigación, que ha contado con el voto en contra del resto de grupos (PSOE, Vox, PRC y IU-Podemos), que han criticado que esta "peripecia jurídica", que es "contraria al Ayuntamiento y favorable al PP", pretende "ocultar" lo que ha sucedido con el contrato de basuras.

Mientras el portavoz popular, César Díaz, ha subrayado que "todos los letrados" municipales han propuesto en allanamiento por los "vicios" en la tramitación y que en su grupo se toman los acuerdos "respaldados por informes", la oposición ha considerado que se trata de una "cacicada" y una "treta" para que no se creen comisiones de investigación ni se investiguen los contratos del sector público.

Para el portavoz socialista, Daniel Fernández, el allanamiento supone "torcer el brazo de la voluntad de Santander" y "allanar" el camino a la "pretensión del PP" de evitar la comisión del contrato de basuras --"motivo por el que la ciudad está tan sucia"-- y "para eludir responsabilidades políticas y quién sabe si penales".

En su opinión, el PP "oculta una verdad incómoda" con una "ceremonia de la confusión" sobre el acuerdo aprobado en el Pleno por la oposición en la anterior legislatura para crear comisiones de investigación que es "plenamente legal".

Por su parte, Madariaga ha calificado la decisión de "inmoral" y ha instado al PP a que deje dirimir a los tribunales y no utilice "tretas jurídicas".

El portavoz del PRC, Felipe Piña, ha calificado de "esperpento" lo que ha ocurrido con el contrato de basuras y ha denunciado que "no es normal" la suciedad de la ciudad, recriminando que "el que paga tiene que tener información y los contribuyentes queremos entender lo que ha ocurrido; no creo que sea un delito o un disparate". "No sé qué esconden de cara al contribuyente que busca saber qué ha pasado con el contrato y tener una ciudad limpia", ha incidido.

En un sentido parecido, su homólogo de IU-Podemos, Keruin Martínez, se ha referido a la "estrategia del calamar" del PP, lamentando al respecto que hay "muchos puntos oscuros" que es "imprescindible conocer" porque "van de la calidad de vida y de los dineros" de los vecinos. Una "voluntad de oscurecer" y de "retorcer la legalidad" para impedir la creación de comisiones de investigación "en base a un acuerdo de la mayoría", ha dicho.

Mientras, Díaz ha acusado a los grupos que aprobaron el acuerdo en la anterior legislatura de "decidir ir por el camino de la ilegalidad, con los informes jurídicos en contra", en lo que es un "hecho inédito" en el Ayuntamiento y un "sinsentido" por el "empecinamiento político para atacar al PP", mientras que los populares actúan al contrario, "con el respaldo del informe de todos los letrados".

PARQUES Y JARDINES

Por otra parte, el PP ha anunciado que se recurrirá la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar a la empresa concesionaria de Parques y Jardines 2,3 millones de euros y otros 600.000 en intereses.

Así lo ha anunciado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, en el debate de la moción de los grupos Socialista, Regionalista y Mixto para la revisión de los criterios jurídicos y económicos en el servicio de Parques y Jardines tras la citada sentencia y en la que exigían también responsabilidades políticas y la correcta fiscalización de los contratos, y que ha sido rechazada con los votos del PP, al considerar que está "llena de falsedades e imprecisiones".

Una fiscalización que ha denunciado la oposición --puesto que el contrato tenía vigencia de 2012 a 2018 y el control financiero se inició en 2019--, que con esta iniciativa pretendía aportar "una solución".

En este sentido, para Fernández se trata de una moción "más que razonable, que persigue que los intereses de demora que tiene que pagar el Ayuntamiento --cuya "deuda" con la concesionaria ha cifrado en cinco millones-- no se sigan acrecentando.

Ha acusado al equipo de Gobierno de haberlo "hecho mal", al haberse "saltado el procedimiento y las recomendaciones del interventor", por lo que en su opinión "es el momento de depurar responsabilidades políticas".

Madariaga, por su parte, ha comentado que si se recurre la sentencia puede "haberse perdido una batalla pero no la guerra", aunque también ha denunciado "irregularidades" en la actuación.

Piña ha sido más contundente al afirmar que en parques y jardines "se ha saltado a la torera el procedimiento" y ha lamentado la "indefensión" de los vecinos, que tienen que pagar facturas e intereses por contratos que, como en este caso, se han fiscalizado después de concluir, algo que le ha dejado "perplejo". "El atentado directo al bolsillo de los santanderinos se quiere convertir en normalidad", ha denunciado, exigiendo la normalización de los contratos.

Frente a estas críticas, Rojo ha defendido la gestión "responsable y rigurosa" del Ayuntamiento, que "ha cumplido los criterios de Intervención y el control de los recursos públicos". De hecho, ha puesto en valor que "fruto del rigor de fiscalización de Intervención" el Ayuntamiento "ha ahorrado 1,7 millones a las arcas municipales" en dos sentencias que se han fallado a su favor en Parques y Jardines.

"El equipo de Gobierno ejerce férreamente sus obligaciones de control, basadas en todo momento en informes técnicos municipales", ha subrayado.