El Juzgado de Instrucción 5 transforma en jurado las diligencias previas por la trama de Obras

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha acordado transformar en procedimiento del tribunal del jurado las diligencias previas que se siguen contra once personas y cuatro mercantiles de la conocida como trama de Obras Públicas, por la presunta adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios de la región.

En un auto dado a conocer este viernes, un día después de dictarse, la magistrada expone que los hechos que viene investigando "revisten los caracteres, salvo ulterior calificación, de presuntos delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude en la contratación y cohecho".

Añade que "estos dos últimos se encuentran dentro de la relación de delitos del ámbito competencial del tribunal del jurado", y que los de falsedad documental y blanqueo de capitales también resultan de su competencia por ser "delitos conexos a los anteriores".

Por tanto, la jueza emplaza a los investigados, a la Fiscalía y a las demás acusaciones personadas a la comparecencia que prevé la Ley del Jurado para concretar la imputación.

El auto no es firme, ya que contra el mismo cabe interponer recurso de reforma ante la propia magistrada o apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

CITACIONES DE INVESTIGADOS Y TESTIGOS

Esta resolución se ha dictado tras citar a investigados, esta misma semana -tanto a personas físicas como jurídicas, algunas de las cuales se han acogido a su derecho a no declarar, han confirmado fuentes conocedoras de la causa a Europa Press- y testigos, a finales del pasado mes de abril.

Citaciones enmarcadas dentro de un procedimiento iniciado en octubre de 2022 y de una instrucción que se ha venido prorrogando por periodos de seis meses, acompañada de un refuerzo a la magistrada por los picos de actividad de este asunto, según las diligencias que se piden y se practican.

La causa se destapó en febrero de 2023 y el principal investigado es el que fuera jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, el funcionario Miguel Ángel Díaz, presunto cabecilla de la red. Estuvo encarcelado seis meses y fue apartado de su puesto de trabajo en la Consejería.

Se le atribuyen delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, que podrían suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.

En la trama estarían también involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas del sector en la región que igualmente están siendo investigadas: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.

PIEZA SEPARADA EN GESVICAN

Durante la instrucción de esa causa se ha abierto una pieza separada del caso, por presunto fraude en la contratación pública y cohecho, que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander.

Entre los investigados en este segundo supuesto figura personal de la empresa Gesvican, dependiente de la misma Consejería del Gobierno regional.