La alcaldesa dice que se ahorran 900.000 euros a los santanderinos del anterior contrato de limpieza,¿? y oculta las sentencias condenatorias que tendrán que pagar los santanderinos

Rojo ha indicado en una nota de prensa que esta cantidad se deriva de las deducciones realizadas en seis de los conceptos de las facturas giradas por la anterior concesionaria que los juzgados han validado. En concreto, por los de la plataforma informática, el parque de papeleras, la inversión en medios técnicos y la inversión en información y sensibilización.

Del mismo modo, en lo referido al personal, Rojo ha afirmado que los juzgados también han avalado la postura del Ayuntamiento en lo relativo a que los costes del personal directivo son gastos generales que no pueden computarse dos veces.

Por otro lado, la edil de Medio Ambiente ha reiterado que las sentencias emitidas sobre las deducciones en las facturas, que aún no son firmes por estar recurridas ante el TSJC, "no suponen ningún tipo de sobrecoste" para el Consistorio "dado que se trata de una retención" realizada en función de las conclusiones del informe de control financiero elaborado por la Intervención municipal.

"No hay que pagar más, sino que, por responsabilidad y porque velamos por el dinero de todos los santanderinos, hemos considerado, en base a los informes técnicos, que era necesario detraer unas cantidades de lo que estaba establecido en el contrato", ha apuntado.

Además, ha incidido en que el juez ha pedido a la UTE Cuida Santander un aval como garantía antes de devolverle las deducciones que considera deben abonarse.

Por último, ha indicado que las propias instancias judiciales "ya han dejado claro que el Ayuntamiento cumplió escrupulosamente con la legalidad en aspectos claves del conflicto", como la denegación de las medidas cautelares solicitadas por la empresa para evitar el traspaso del servicio de limpieza y recogida de basuras, o el archivo de las querellas presentadas por la UTE frente a varios funcionarios municipales por su actuación en el control del servicio.

En ese sentido, ha subrayado que aunque aún está pendiente el pleito sobre la resolución del contrato, el Consejo de Estado ya se pronunció a favor de la decisión adoptada por el Ayuntamiento, así como de la reclamación a la UTE de los daños y perjuicios causados, con la retención de la garantía del contrato a tal efecto.