Consumidores de Cantabria estudiará las ordenanzas sobre el `tasazo de basuras`

La UCC lo ha anunciado este miércoles en un comunicado, en el que ha expresado "disconformidad" con su aplicación ante la falta de criterios unificados entre los distintos ayuntamientos encargados de implementarla y la consiguiente desigualdad territorial que ello supone.

El `tasazo` se basa en una normativa, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, en trasposición de una Directiva europea, que postula que el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sea cubierto por los usuarios bajo el principio de "quien contamina paga".

En opinión de la Unión de Consumidores, la ley "es clara" por lo que "no resulta de recibo que se vincule la tasa (o precio público) al consumo de agua o al número de personas empadronadas en un domicilio".

En este sentido, ha defendido que "no deja de ser una suposición" que el consumo de agua vaya ligado a una mayor carga contaminante necesariamente. "Y no deja de resultar un absurdo que se penalice a una unidad familiar por el hecho de que un mayor número de empadronados en un domicilio hagan más uso del agua que otro domicilio donde no hay tantos habitantes".

Tampoco a su juicio parece técnica ni jurídicamente correcto establecer una tasa o un precio público "en función de suposiciones que no se corresponden con el objeto de la normativa que se pretende cumplir. Pues esto no supone nada más que incumplir la norma en sí, vía ordenanza municipal".

Igualmente no resulta comprensible para la UCC "que no se tenga en cuenta el principio constitucional de progresividad que debe regir la exacción de cualquier tributo en nuestro país".

En este sentido las medidas de bonificación a colectivos vulnerables "no dejan de ser parches o bufandas para acallar las críticas de los ciudadanos a una medida injusta y poco o nada acorde al sentido de la ley a la que se pretende ajustar. Mera caridad", ha considerado.

"Pero sobre la mera caridad no puede constituirse un sistema tributario constitucionalmente adecuado que constantemente califica a los usuarios como menesterosos que deben justificar su propia vulnerabilidad para no verse castigados por la aplicación de una normativa injusta. Tal vez si la normativa fuera justa, no haría falta caridad", ha abundado.