¿Y la Ley de Dependencia?

Ni está ni se le espera. La ley sobre la Dependencia, aprobada el pasado 14 de diciembre, es un buen propósito, compartido por todos –en Octubre de 2003 con mayoría absoluta del PP el parlamento unánimemente decidió apoyar su “pronta regulación”– desastrosamente gestionado.

Sólo desde la más absoluta de las improvisaciones y la precipitación electoral se puede entender que la concejala socialista de la materia en Málaga dijera recientemente “todavía no tenemos un formulario, se nos cae la cara de vergüenza de decirle a la gente ¡Mire no sabemos nada!”

La sobreactuación de Zapatero hace que el 90% de los 346 expertos y empresarios del sector consultados por Price-Waterhouse crea que se ha generado una expectativa que no se va a poder cumplir.

El gobierno por sus exagerados anuncios, las prisas electorales, el caos organizativo, el cambiante número de dependientes y la falta de presupuesto, está convirtiendo una ilusión en frustración.

De hecho, seis meses después de su aprobación ningún español ha visto un céntimo, si exceptuamos a los medios de comunicación que han recibido más de 88.000 euros en una campaña publicitaria que decía “un nuevo derecho” y que se desarrolló durante la pasada precampaña.

Dicha campaña que daba publicidad a un derecho inexistente consiguió sólo alargar las colas de personas con discapacidad y grandes dependientes que ya se hacían en comunidades y ayuntamientos.

No es extraño el desconcierto cuando el número de personas dependientes o con discapacidad ha dejado de ser un dato científico para convertirse en una variable política, así el mismo Ministerio de Trabajo ha llegado a dar tres cifras distintas en el mismo año que va de uno a dos millones, según el dato venga en la memoria económica de la ley, en el informe de impacto de género o en la información enviada a la Comisión Europea.

Aunque más doloroso que el uso político del número de personas dependientes es el falso anuncio de 1.014 euros mensuales por cada gran dependiente. Ya que un sencillo cálculo indica que los 220 millones de euros aprobados por el Gobierno supone tan sólo 89 euros al mes por cada gran dependiente, algo menos de tres euros al día.

El PSOE, como reconoce en su Libro Blanco, cuando llegó al gobierno se encontró con unas administraciones que destinaban de 2.767 millones de euros anuales a la dependencia y el compromiso de los gobiernos populares es seguir aumentándolo, pero no puedo dejar de pensar como el consejero IU del País Vasco Javier Madrazo, que apoyó inicialmente la ley, cuando afirma que “el gobierno ha vendido humo, ha actuado de forma irresponsable”.

Miguel Barrachina Ros
Portavoz de Asuntos Sociales de PP en el Congreso