¡Vd. no sabe quien soy yo….!

¡Claro!... Esta es una frase que algunas personas, todopoderosas o no tanto, suelen pronunciar cuando se encuentran con algún obstáculo en su carrera hacia la prepotencia y el libertinaje; cuando te saltas un semáforo y te pilla un guardia, cuando quieres acceder a una zona que no te corresponde, cuando una jueza pretende encausarte desconociendo que eres una persona importante….
Pues algo así está sucediendo en el gran escándalo legal, político, económico y social que han creado muchos líderes políticos del PSOE andaluz, con la complicidad de los sindicatos afines y la actual “cooperación necesaria” de Izquierda Unida, ese partido liderado por Diego Valderas, el que fue agraciado en la subasta de la vivienda de su desahuciado vecino (¿Dónde estaría la Colau?) y que ha pedido a la juez Alaya “que pase página…”…
Hasta estos días iban cayendo, como fichas de dominó, algún “conseguidor”, algún conductor de coche oficial, algún funcionario colaborador, etc., hasta que se llegó a los niveles secundarios de la Administración Andaluza, dónde se tejió este gran saqueo de dinero público, parte de ello llegado de la Unión Europea y con destino a resolver el paro, que en Andalucía adquiere tintes de gran tragedia social, con el 36 % de parados. Y mientras esto sucedía, desde las máximas alturas de esta Administración podrida y que actuaba como una auténtica banda de malhechores, se personaban en los Tribunales, como si de auténticos perjudicados –y víctimas- se tratase; ponían todas las dificultades posibles a la jueza que realizaba la instrucción, como negarle las actas de los Consejos de Gobierno y manifestaban que “eran cosas de cuatro chorizos”. Ya, ya.
Los ciudadanos normales y racionales, pensábamos que esto era muy gordo, que según estimaciones estábamos ante una colosal estafa que puede superar los 1.500 millones de euros (para los no versados en cambio de moneda, les diré que es una cantidad de 250.000 millones de las antiguas pesetas) y que no se había podido producir sin el claro conocimiento y asentimiento de los máximos responsables de la Administración andaluza –leáse, Chaves, Griñán y adláteres-, de quienes se sientan en el Consejo de Gobierno del Palacio de San Telmo, a quienes les iba a ser difícil escurrir el bulto, especialmente cuando se han topado con la jueza Alaya, que es una persona responsable, eficiente, seria, concienzuda… Es decir, que eran conocedores de por dónde “desaguaban” estos miles de millones, que autorizaron el traspaso a cuentas opacas, en un acto administrativo “conjunto y solidario” de todo el Gobierno andaluz.
¡Pues, bien!. Como suele ser habitual en el PSOE, una vez que se ha descubierto el pastel en lo que ha sido y sigue siendo su “cortijo”, se ha utilizado la táctica “goebeliana” de echar la culpa al PP, criticar a la juez, atacarla despiadadamente, criticar todas sus actuaciones judiciales –impecables según los órganos judiciales competentes- y poner el foco, mediante su red clientelar de medios de comunicación, en el llamado “Caso Bárcenas” que, con ser grave, es un juego de niños comparado con el asunto de los falsos EREs, dónde se lucraban políticos, sindicalistas, correligionarios, amigos, suegras, compañeros de coto y un largo etcétera de “intrusos”, a los cuales se les debe obligar a devolver el dinero cobrado de forma espúrea.
Volviendo al Caso Bárcenas: parece que este presunto impresentable y desleal tesorero que gozó de la confianza del PP, era el encargado de cobrar las “ayudas” que las empresas entregan al PP, como suelen hacer a todos los partidos políticos con posibilidades de gobernar; pues parece que “sisaba” una parte de este dinero, cada vez en mayor proporción, dado que nadie se daba cuenta, y que puso a buen recaudo fuera del país. El problema parece ser del PP, como perjudicado, y de la Hacienda Pública, a la cual ha soslayado sus deberes fiscales.
Tema bien distinto es el de los EREs, no sólo por  el enorme volumen de dinero “desviado”, sino porque éste era dinero público, de todos los españoles y todos los andaluces e iba destinado a paliar la situación de los parados andaluces. ¡Y esto debe tener otra gravedad!. Por ello, la instrucción de la juez Alaya debe proseguir sin que le tiemble el pulso; los Tribunales deben llegar hasta el esclarecimiento total de esta trama y que todos los culpables paguen en consecuencia. ¡Ah!. Y que se devuelva hasta el último céntimo a la caja de dónde nunca debió salir.
No nos salgan ahora con el típico “Vd. no sabe quién soy yo…”, como debió suceder con aquella “subvención” de 10 millones de euros (1.663,86 millones de pesetas) que fueron a parar a la empresa Matsa dónde había sido contratada la hija del Sr. Chaves, entonces Presidente de la Junta de Andalucía, quién modificó la ley y concedió esta ayuda, con su presencia y su voto en el propio Gobierno andaluz; el Tribunal Supremo dijo que todo era legal y aquello no era prevaricar ni ejercer el tráfico de influencias (¡Quién se lo diría al socialista Sr. Chaves, el hijo del Coronel franquista y de la responsable de la Sección Femenina!).
Pero lo más sorprendente y curioso es que los andaluces aún siguen votando, como lo han hecho en las últimas tres décadas, a esta izquierda (PSOE-IU) frentepopulista, ensoberbecida y creída de la posesión única de la ética política. ¿La ética, ha dicho Vd.?.
¿Vd. no sabe con quién está hablando…?