Vamos a contar mentiras... digo, molinos...

En general, la letra se compone de demagogia, engaños a los ciudadanos y desprecio a la ley. Veamos detalladamente algunos de sus contenidos:

1.- “Realmente no hay ningún plan de instalación de energía eólica, tralará”: nuestros letristas dicen a los cuatro vientos que no hay nada por lo que preocuparse, que todavía no se va a colocar ningún molino, que tan solo es una adjudicación de potencia, que sólo hablamos de una “mera expectativa de derecho”. Al mismo tiempo, el presidente de los empresarios cantabros, Sr. Mirones, nos cuenta que no se puede dejar de adjudicar los 1.400 MW porque las empresas ya han puesto muchos millones en este proceso. ¿En un proceso que no existe? Es un plan que ya está generando grandes gastos a las empresas licitadoras y a los ciudadanos. A las empresas, con los trabajos de preparación de sus ofertas y con las malolientes peticiones de dinero para la promoción eólica hechas por una agencia de publicidad muy próxima al PSC; a los ciudadanos porque somos los que pagamos la campaña de adoctrinamiento eólico del Gobierno.

Así  que tenemos un plan con graves debilidades jurídicas, hay gastos provocados por el mismo, hay inversiones cuantiosas asumidas por empresas a las que se ha hecho creer que se sacaría adelante este proyecto y hay expectativas de derecho que muy probablemente, cuando se vea que no se puede instalar toda la potencia sacada a concurso, nos obligarán a indemnizar a los licitadores perjudicados. Hoy pagamos las indemnizaciones a las víctimas de los derribos de viviendas ilegales y mañana pagaremos a las empresas perjudicadas por un plan eólico ilegal. Como el dinero público “no es de nadie” da igual, ¿verdad?

2.- “Este plan eólico es fundamental para cambiar el modelo productivo y creará 57.000 empleos estables, tralará”: nos dicen los cuentistas que la eólica dará paso a un nuevo modelo económico en Cantabria. Lo que no nos dicen es que pretenden cimentar el futuro económico de la región en un sector que basa su fortaleza en principios tan poco sólidos como las variables primas que se conceden desde el gobierno central, y en una energía que no es predecible, ni constante y que consume grandes extensiones territoriales y puede provocar serios daños medioambientales y paisajísticos.

Y para no decirnos esto lanzan la más indecente cortina de humo: la de ofrecer a los ciudadanos, en la angustiosa situación laboral que padecemos, la falsa ilusión de que este plan acabará con el paro en Cantabria. Al principio hablaron, y ya eran muy optimistas, de 500 puestos de trabajo. Recientemente, en su más miserable mentira, han manifestado que sacarían del paro a 57.000 personas, ¡muchas más de las que trabajan en toda España en el sector según datos de la patronal eólica!

Lo cierto es que la instalación de polígonos eólicos en Cantabria apenas incidirá en la creación de empleo en la región, como nos enseña la experiencia de regiones cercanas que ya recorrieron este camino. Y seguro que perjudicará las posibilidades de desarrollo económico del sector turístico y del de la rehabilitación de patrimonio inmueble en el ámbito rural.

Si basamos nuestra economía en la entrega a los molinos de uno de nuestros mejores activos, el medio natural, habremos cambiado ciertamente de modelo productivo: habremos pasado del pelotazo del ladrillo al pelotazo eólico.

3.- “Este plan es perfectamente legal, tralará”: más allá de que desde el mismo Gobierno  se haya advertido de la debilidad jurídica del proyecto, cualquiera puede ver que en su ejecución se están vulnerando, aparte del elemental principio de prudencia, numerosas leyes: se han incumplido las exigencias sobre información a la ciudadanía y consultas a la misma que establece el vigente Convenio de Aarhus, se ignora la rigurosa legislación de protección paisajística de la Unión Europea, se sortean controles ambientales ineludibles como la Evaluación Ambiental Estratégica y, en el colmo del descaro, se ignora la potencia prevista en el Plan Energético de Cantabria por la misma Consejería que lo impulsa.

Esperar que quienes han tramado este plan recapaciten por sí mismos es absolutamente ingenuo. Creer que aquellos socialistas que son conscientes de la gravedad de esta actuación convencerán a sus correligionarios los infractores de la conveniencia de volver al camino de la Ley es ser más optimista de lo que nos podemos permitir. Exigir a quienes desde dentro del Gobierno tienen medios para parar el desatino que lo hagan, una obligación. Y recordar a todos que el resultado más probable en esta apuesta del “todo o nada” lanzada por la Vicepresidente del Gobierno es, además de la obligación de indemnizar económicamente a los concurrentes, la paralización de todo desarrollo eólico terrestre en Cantabria y la determinación de responsabilidades personales de los impulsores de la ilegalidad y de quienes por omisión contribuyan a la misma, un llamamiento a la cordura.

Por el bien de todos, ojalá podamos decir pronto “¡Y este cuento, se acabó!