Sin crédito social

La pasada semana el gobierno socialista renunció a lograr estos objetivos y cedió ante su sector nacionalista.

Tanto lo que recibirán –acreditación y calidad de los centros- como lo que pagarán los usuarios será distinto en cada autonomía, merced a lo recientemente decidido.

Esto ha hecho que el gobierno haya perdido todos los apoyos sociales y políticos que recibió hace dos años cuando se aprobó la norma.

Tanto los supuestos beneficiarios, como sindicatos y empresarios del sector, se han sentido engañados.

Así Comisiones Obreras y la Federación de Empresarios de la Dependencia no han apoyado los desarrollos sobre acreditación de centros y copago de usuarios, y lo que es más grave, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) recurrirá ante la Justicia ya que, incumpliéndose la ley, no ha habido desarrollo reglamentario de obligado cumplimiento, sino un simple acuerdo, que supone en la práctica una fuente de desigualdades en el territorio nacional.

Personas con discapacidad y mayores de primera y de segunda es lo que se ha logrado, ya que en lugar de normas tenemos meras recomendaciones que consagran definitivamente 17 modelos diferentes de atención a la dependencia.

Si a trabajadores, empresarios, asociaciones de discapacitados y las autonomías populares, sumamos también la oposición de Canarias y el País Vasco, y el hecho de que Cataluña y Extremadura hayan sugerido la paralización de la ley, observamos con toda claridad que Rodríguez Zapatero ha consumido todo su crédito social.

Ya no bastan las palabras los 130.000 mayores y personas con discapacidad en lista de espera, necesitan algo más.