Seguro obligatorio de enfermedad

 ... en la que España no tuvo más parte que testimonial al desplazar al frente germano-ruso a unos más o menos voluntarios, henchidos sus pechos azules, cuando la autoridad competente, analizando códigos, coordinaciones, decretos, esquemas, leyes, reales decretos, todos ellos promulgados entre los años 1812 y 1934, sin conseguir ponerse de acuerdo, entre los diversos partidos políticos, aunque teniendo todos muy claro que la administración publica debe atender aquellos problemas que, por su trascendencia social, puedan afectar a la colectividad, aunque asumidos sin nexo por el Estado y las Diputaciones, a través de una Dirección General de Sanidad y/o una Inspección General de Sanidad, dejando al margen la atención asistencial de la salud individual, decidió dar una salida sanitaria.

Así las cosas, y como si se tratara de un obsequio depositado por Papá Noel/Santa Claus/los Reyes Magos, mediante la ley de 14 de diciembre de 1942, se constituye el Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.), bajo la tutela del Instituto Nacional de Previsión (I.N.P.), y dependiente del Ministerio de Trabajo, como un sistema preparado para cubrir los riesgos sanitarios de todo trabajador, afiliado obligatoriamente por su empresario, a través de una cuota vinculada al trabajo, exceptuando a los funcionarios públicos o de corporaciones.
Este seguro, en un primer momento, marcaba unos límites, tanto para la asistencia médica y farmacéutica, incluida en un petitorio, de 26 semanas como la hospitalaria de 12 semanas, todas prorrogables, mediante unos servicios médicos que se realizaban a través de los consultorios de la Obra Dieciocho de Julio y organizados por el I.N.P.

Los recursos del S.O.E. estaban constituidos por la aportación del Estado; subvenciones; donativos; legados y rentas de bienes propios del propio S.O.E; las rentas de los trabajadores y las cuotas de los empresarios, a partes iguales, siendo responsable de su pago el propio empresario al descontar a cada trabajador a su cargo la parte que le corresponde al abonar sus haberes.
 Dado que la atención a la salud de la sociedad ha ido siempre a la zaga de la evolución de sus necesidades, sin alcanzarlas nunca, por una constante la inadaptación de las estructuras sanitarias en cada época, con la presentación de esta ley, por aquellos entonces, comenzaron los problemas para poder ejercer la función asistencial con la designación de médicos generales, mediante concurso-oposición, porque había pocos profesionales, reticentes ellos, que cubrieran las expectativas gubernamentales, y poco dinero para pagar sus servicios.

Así que la captación de estos se hizo a base del medio publicitario más antiguo que se conoce: la transmisión de boca a oreja, que surtió un efecto relativo: “que no es más que media hora al día”, “que para media hora, no está mal”, etc. En tanto, que los médicos especialistas tardarían más dos años en ser convocados.
Y es que analizando el nacimiento de esta Ley se saca como conclusión que, para los tiempos que corrían en occidente, resultó ser de lo más progresista, nacida de un régimen autoritario, antidemocrático, con el fin de que sus artículos perduraran, como han perdurado setenta años después, de la que todos los partidos políticos, llamados democráticos desde 1975, se han aprovechado y desarrollado, sin tumbarla ni hacerla desaparecer, dado que marcaba las bases de un desarrollo posterior, por ellos reconocido y siempre en beneficio de la sociedad y, sobre todo, de todos los trabajadores.

Estamos, pues, ante una Ley progresista, totalmente socialista, porque entiende que el derecho a la salud debe ser universal y que, no se sabe por qué vericuetos, actualmente todos los partidos políticos, sacando pecho, pretenden manipularla, adaptarla a sus ombligos, aprovechándose del dinero recaudado para emplearlo en otros ministerios, pero eso, creo que es otra historia…

Fdo.: Alfonso Campuzano
         Médico Cirujano Traumatólogo
         Hospital Clínico Universitario de Valladolid