Responsabilidad social y energía eólica

Ya pocos dudan de que, en este siglo, el clima sufrirá una alteración significativa: aumentarán la temperatura entre 1,5 y 4,5° C,  las  precipitaciones y tendrán lugar otros fenómenos naturales como el deshielo, la multiplicación de las sequías e inundaciones, cuyos efectos son impredecibles.

Esta amenaza ha desencadenado en los últimos años una reacción mundial por la que los líderes políticos y los expertos ambientales han expresado su preocupación, suscribiendo escritos, promesas y tratados encaminados a enfrentarse adecuadamente al problema y planteando los objetivos a seguir que deben frenar la reducción de emisiones de CO2 y el consumo energético, además de propiciar un cambio de cultura energética en cuanto a su producción.

En  un mundo cada vez más globalizado, los científicos consideran de igual importancia la defensa de la conservación de la biodiversidad, pues en cada ecosistema, los organismos vivientes son parte de un todo que no sólo interactúan entre sí, sino también con el aire, el agua y el suelo que los rodean. La biodiversidad es garantía de bienestar y equilibrio en la biosfera. Los elementos diversos que la componen conforman verdaderas unidades funcionales, que aportan y aseguran numerosos de los “servicios” básicos para nuestra supervivencia. Esta biodiversidad constituye además un capital natural que ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana, por lo que  representa una fuente potencial para necesidades futuras.

En 1998 la Comunidad Internacional acordó y firmó el Protocolo de Kyoto,  ambicioso proyecto en la lucha contra el devastador cambio climático fundamentado en la reducción de emisiones de CO₂  mediante un ahorro en el consumo energético y en la búsqueda de fuentes de energía más limpias. Según el Protocolo, el eje ahorrativo obligaría a implantar una serie de medidas a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos culturales que implicasen mayor prudencia en el consumo. Afectaría a la industria, lo que proporcionaría una mayor competitividad, a la agricultura, buscando una gestión adecuada de los suelos y de su uso, que al almacenar el carbono reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero. Se debería cuidar la gestión doméstica y familiar de la energía, cambiando las actitudes y la sensibilidad colectiva en la elección de un electrodoméstico de bajo consumo, de bombillas ahorradoras o de una racionalización de la calefacción, del aire acondicionado o del  agua caliente. Se hizo hincapié en el sector del transporte, en el ahorro de combustible mediante el aumento de la eficiencia de consumo de los vehículos, en una adecuada gestión del transporte colectivo, de los servicios públicos y de medios no contaminantes como la bicicleta en las ciudades. Asimismo, según el acuerdo se debería apoyar la innovación con ayudas financieras directas o indirectas.

En este contexto el apoyo a las energías alternativas, y entre ellas la eólica, es de obligado cumplimiento y debe estar encuadrado en un concepto de sostenibilidad medioambiental preservador de la biodiversidad.

Siendo fieles al eslogan “piensa globalmente y actúa localmente”, tanto Cantabria como España deciden actuar y se plantea el Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010 (PFER) en el año 1999, revisado por el Plan de Energías Renovables en España (PER) 2005-2010 del año 2005, estableciéndose un objetivo dentro de la estrategia global para las energías renovables, planteado la producción, mediante energías alternativas, de 20.155 MW para el año 2.010. A Cantabria, que representa poco más del 1% de la superficie española, le correspondería una cuota de generación de energía eólica de unos 300 Mw.

Siguiendo estas premisas se elaboró el Plan Energético de Cantabria 2.005-2.011 PLENERCAN,  aprobado en julio del 2.006 tras exposición pública y periodo de alegaciones. El Plan concretaba  una  potencia eólica a instalar de 300Mw, contando además con amplio apoyo social. Sin embargo, el Gobierno de Cantabria, en junio de 2009, redacta y saca a concurso un nuevo proyecto que nada tiene que ver con el anterior y en el que pretende establecer una potencia generadora de 1.500 Mw, aproximadamente 700 aerogeneradores, cinco veces lo previsto inicialmente.

El porqué solo lo sabe el Gobierno, pero es evidente que el cambio de estrategia es importante y las consecuencias del mismo de enormes proporciones, por lo que se exige un amplio debate y consenso social y político. Sin embargo, se sortea la necesaria información y consulta pública desde el inicio del proceso, se prescinde de un más que necesario Plan de Ordenación del Territorio (PROT), de la Ley Europea del Paisaje suscrita por España, y de la elaboración de un verdadero Plan Eólico, fragmentando los parques para evitar así una Evaluación Estratégica Ambiental.

De esta manera, el Gobierno de Cantabria se olvida de dos de sus “Prioridades Estratégicas” enunciadas en  PLENERCAN (sic):
1)  Consensuar con todos los agentes y ciudadanos, implicándolos en el proceso de elaboración del plan así como en su ejecución.
2)  Proteger el Patrimonio natural de Cantabria, como máxima prioridad dentro de todos los objetivos sectoriales.

Según la estrategia de la Consejería de Industria, la implantación de los 750 aerogeneradores se produciría en Comillas, Udías, Ruiloba, Alfoz de Lloredo, Reocín, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Cartes, Cieza, Torrelavega, Los Corrales de Buelna, San Felices, Molledo, Arenas de Iguña, Barcena de Pie de Concha, Anievas, Pesquera, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeprado del Rio, Valdeolea, Valderredible, Campoo de Yuso, Campoo de Enmedio, Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, Las Rozas de Valdearroyo, Villafufre, Saro, Miera, Puente Viesgo, Santa María de Cayón, Castañeda, Arredondo, Ruesga, Ramales de la Victoria, Voto, Liérganes, Solórzano, Hazas de Cesto, Entrambasaguas, Riotuerto, Penagos. Es decir, en 43 municipios.

De esta forma, aunque el Gobierno habla del 2% de afectación del territorio, se trata de una verdad incompleta porque ciertamente su área de implantación ocupa mas del 45% del territorio de Cantabria y sus efectos en el territorio alcanzan en más del 80% a su superficie donde habita el 90% de la población.

Los cambios en la estrategia eólica de la Consejería de Industria son de tal envergadura que merecen más explicaciones de las que se están dando, sobre todo alejadas de las apocalípticas y sectarias declaraciones que nos quieren hacer ver que sin el aparente plan eólico, Cantabria se sumirá en el eclipse infinito. Por ello, distintos colectivos sociales preocupados por el futuro de nuestra tierra, decidimos unirnos para firmar un manifiesto en el que expresamos nuestra preocupación  por el cambio climático y sus consecuencias reiterando nuestro apoyo a las energías eólicas. Pero de la misma forma, también expresamos nuestro desacuerdo con el proyecto de implantación de ese tipo de energía y con la actuación del ejecutivo cántabro. Para nosotros los planes de Industria son absolutamente desproporcionados, precipitados e insostenibles. La afectación al territorio y al paisaje es evidente y, solamente por eso, ya sería necesario contar con la participación de la sociedad.

Pero es todavía más necesario porque el cambio climático, el problema energético, las actuaciones que se planteen a nivel regional, deben ser lo más consensuadas posibles hasta el punto de, entre todos, poder decidir lo que estamos dispuestos a sacrificar en aras del desarrollo sostenible. Es evidente que  las energías renovables son solo una de las variables del la solución al problema, siendo necesario profundizar en ellas, pero no sólo en la eólica. Así por ejemplo, España es el tercer país  en energía eólica del mundo y sin embargo es el país desarrollado que más se aleja del  objetivo previsto en el compromiso de Kyoto. Es decir, lo que se necesita son políticas serias que valoren el problema en su conjunto, también el ahorro y la eficiencia energética, la biodiversidad y no ocurrencias milagrosas,  casualmente, siempre asociada a grandes operaciones económicas.

Los cántabros no podemos vernos privados de debatir sobre nuestro futuro; lo que hagamos hoy tiene incidencia decisiva en las próximas generaciones y debemos tener al menos la oportunidad de poder explicar a nuestros descendientes qué decidimos y por qué. Urge un debate social amplio y sin corsés, y mientras no se afronte con seriedad el futuro energético de Cantabria, mientras no se redacte un autentico Plan Eólico con su correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica, estaremos engañándonos a nosotros mismos e hipotecando a las futuras generaciones. Nosotros, como cántabros de hoy, no queremos ser cómplices de esa estrategia y por ello reclamamos que se paralicen las actuaciones iniciadas mientras a los ciudadanos no se nos escuche.