Gorostiaga: ¿Quién es el inmovilista?
En un contexto de actuación global, España se está planteado producir, mediante energías alternativas, 20.155 Mw para el año 2.010. A nuestra Comunidad que viene a representar aproximadamente el 1% de la superficie del estado, le correspondería proporcionalmente una cuota de generación de energía alternativa de unos 300 Mw.
Siguiendo estas directrices, el Plan Energético de Cantabria 2.005-2.011 (PLENERCAN) preveía una potencia eólica a instalar de 300Mw, siendo la reacción popular de conformidad y asunción. En la primavera pasada el Gobierno cántabro redacta y saca a concurso su estrategia eólica en la que, replantea la potencia y, sin previo aviso, sin consultar con nadie, en un ejemplo de obscurantismo, pretende establecer una potencia generadora de 1.500 Mw con aproximadamente 700 aerogeneradores, cinco veces los previstos.
Probablemente nunca se ha producido en nuestra Comunidad un estado de incertidumbre y debate tan acentuado como el que ha levantado el controvertido proyecto eólico. Día tras día, en todos los medios aparecen páginas o se escuchan comentarios reveladores del estado de cosas lo que, por otra parte, supone un baremo de la salud de Cantabria pues es la sociedad civil y su reacción el termómetro más fiable para medir el grado de compromiso del cántabro con su tierra.
La plataforma Cántabros por la Ordenación Racional de la Energía Eólica (CORE), formada por un grupo de asociaciones ecologistas y culturales, alarmados por la magnitud desproporcionada del proyecto, el 27 de julio suscriben un manifiesto de apoyo a las energías eólicas y de su desacuerdo con ese nuevo proyecto al que considera desproporcionado, precipitado y con efectos insostenibles. Demandan al Gobierno que mientras no se redacte un autentico Plan Eólico, se paralicen las actuaciones. Firman ese comunicado ARCA, ADIC, Cantabria Nuestra Foro Becedo, Asociación ARCERA, ACAAT, Ecologistas en Acción, Federación ACANTO (con sus veintidós asociaciones), Fundación Naturaleza y Hombre, SEO Birdlife, un grupo heterodoxo que asume criterios ecologistas, conservacionistas y culturales.
En los días siguientes se irán sumando otros grupos, el primero el Colectivo de Artistas Plásticos, formado por noventa y cinco creadores que suscriben otro manifiesto en los mismos términos, en él aparecen personajes de reconocido prestigio como Juan Uslé, Eduardo Gruber, Ricardo Cavada, Juan Navarro Baldeweig, Eduardo Sainz, Pablo Hojas, José Luís Mazario o Emilio González Sainz; poco después el Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria y el Consejo General y Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España urgen la apertura de un debate urgente a nivel nacional sobre nuestro futuro energético que permita un acuerdo entre partidos políticos y agentes sociales, en el que se tengan en cuenta todas las fuentes de energía según lo aprobado en la Comisión de Industria en la que participaron los mejores especialistas en el ámbito de la energía y el medio ambiente.
A los pocos días se oyó la voz del Colegio de Arquitectos de Cantabria, alertando del importante impacto paisajístico y medioambiental y de sus graves efectos, demandando la redacción de un Plan Eólico Regional. . La Fundación Plaza Porticada demandó que se revisase las ubicaciones de los aerogeneradores a los que consideraba generadores de un importante impacto. Un colectivo de arqueólogos, asimismo, se hacen oír y opinan que ese proyecto eólico producirá un irreversible daño en los yacimientos arqueológicos que forman parte del patrimonio histórico y que se atesoran en nuestras montañas. YA en octubre, la Asociación Empresarial de Turismo Rural de Cantabria, expone el deterioro que, según ellos, supondrá para esa actividad el proyecto eólico con una importante caída con sus correspondientes pérdidas de empleo.
La Universidad de Cantabria, pretendido sostén del plan energético, sale a la palestra y Antonio Cendrero Uceda, catedrático de Geodinámica y responsable del trabajo al que continuamente apela el Gobierno, aclara que este estaba destinado a identificar las zonas de potencial eólico con el menor impacto ambiental, sin considerar otros factores, como los impactos paisajísticos, que sí deben ser tenidos en cuenta. En definitiva la UC no bendice el proyecto eólico y el propio Gobierno, desenmascarado, en un documento posterior reconoce que el proyecto eólico no tiene absoluta vinculación a ese estudio de la Universidad.
Por su parte, el ayuntamiento de Liérganes informa que recurrirá por vía judicial el proyecto pues considera que ese municipio sufrirá una gran afección paisajísticos y algunos otros muestran sus recelos. Así mismo, algunos ciudadanos de cierta relevancia a nivel individual publican diferentes tribunas en las que, con diferentes argumentos, manifiestan la misma preocupación.
De otro lado, también se han levantado voces a favor del desarrollo eólico previsto por el Gobierno, muchas incondicionales, abriendo las puertas totalmente a ese proyecto y argumentando principalmente que la economía debe privar por encima de cualquier cosa. Entre ellos encontramos casi en exclusiva a personas ligadas al PSC-PSOE, desde el Consejero de Medio Ambiente hasta ex altos cargos de la administración autonómica, aunque a decir verdad, otros ciudadanos e incluso diputados con mayor o menor relevancia se muestran a caballo entre su adscripción al desarrollo eólico y sus dudas respecto a la dimensión del mismo.
A finales de agosto finaliza el proceso del concurso eólico en el que los diferentes grupos empresariales compiten para alcanzar su parte en el negocio eólico hablándose de una inversión inicial de 2.000 millones de euros. Se presentan cincuenta y un ofertas ante un comité de evaluación conformado por Juan José Sota, Consejero de Industria, Francisco Martín Consejero de Medio Ambiente, Marcos Bergua Director General de Industria, María Eugenia Calvo Directora General de Biodiversidad y Luís Collado Director General de Ordenación del Territorio, todos altos cargos del Gobierno. CCOO poco después, reconociendo su predisposición a las eólicas, manifiesta su malestar por la forma de hacer las cosas y las pocas facilidades participativas.
Pues bien, como consecuencia de esta cadena de acontecimientos CORE decide dar virtualidad a su manifiesto y activar su oposición a la estrategia eólica del Gobierno, que no a la energía eólica. Para ello denuncia públicamente los mismos postulados de su manifiesto de julio y, con el objeto de concienciar más a la ciudadanía, organiza una concentración ciudadana para el próximo 19 de diciembre frente a la sede de parte de los instigadores de la idea, IDICAN y SODERCAN.
Toda esta respuesta social de la que cualquier gobierno debiera estar orgulloso pues, como decíamos, indica que la sociedad civil está viva, tiene una contestación, absolutamente desmedida, patética e incluso chuscamente insultante. La vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, define como “inmovilistas” a los opositores a su planeamiento; podría haber afirmado que respetaba sus posiciones, que no entendía el revuelo, que hablaría con esos colectivos, que su estrategia está consensuada, que los ciudadanos estén tranquilos, que todo se aclarará…. cualquier cosa para salir al paso incluidas las respuestas a los interrogantes lanzados por CORE. Pero no, ha decidido juzgar a la sociedad civil, a los colectivos que se han posicionado contra un No-Plan Eólico y estigmatizarles porque no pensamos como ella declarándonos “inmovilistas”.
A la vista de lo sucedido en Cantabria desde la pasada primavera y relatado en este artículo, a nuestra vicepresidenta no se le ocurre otra cosa. No le basta con eludir a los colectivos en la elaboración de la nueva estrategia eólica, ahora también los rechaza cuando opinan, no uno, sino decenas, eludiendo lo que el propio Gobierno se marcó como decisión estratégica en el preámbulo de PLENERCAN… “ integrar al ciudadano en el desarrollo de los mecanismos energéticos previstos e incrementar la conciencia social. Las acciones propuestas deben ser consensuadas con todos los agentes y ciudadanos, implicándolos en el proceso de elaboración del plan así como en su ejecución”. Negada la participación pública cabe hacer alguna pregunta a la vicepresidenta. ¿Qué nos queda, qué podemos hacer los ciudadanos y los colectivos?, ¿por qué incumple el convenio de Aarhus que obliga a la participación pública en cuestiones de medio ambiente local?, ¿nos empuja usted a la vía judicial?, ¿es consciente de las consecuencias que traerá consigo?, si tan segura esta de todo ¿por qué no sometió el planeamiento a Evaluación Estratégica Ambiental? Pero sobre todo, cómo tiene la osadía de arremeter contra la sociedad civil y llamar inmovilistas a colectivos y ciudadanos relevantes, de compromiso destacado, de participación fundamental en el entramado democrático, con un dilatado historial en la defensa del patrimonio natural y cultural y pertenecientes a muy diferentes tendencias ideológicas.
A la vista de la cronología del planeamiento eólico, de la respuesta ciudadana, sra. Gorostiaga ¿quién es aquí el inmovilista?
CORE. Cántabros por la Ordenación Racional de la Energía Eólica
ADIC, ARCA, Asociación ARCERA, Cantabria Nuestra, Federación ACANTO, Foro Becedo, Fundación Naturaleza y Hombre, Mortera Verde, SEO/Birdlife, Revista Cantárida
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