Inventando Naciones

    Con el mismo desprecio con el que Franco arrinconó a las lenguas españolas minoritarias hoy, socialistas y nacionalistas, hacen lo propio con el castellano en un deliberado intento de que deje de ser nuestro idioma común.

    Decía esta conocida mía de lengua materna valenciana, lo absurdo que resulta saber que un niño necesita alguna palabra en su lengua castellana y no poder decírsela por miedo a la dirección del centro.

    Me contaba el rechazo, la aversión al colegio, que sienten muchos niños castellanohablantes cuando son reprimidos en su deseo natural de expresarse en su lengua materna, cosa que se evitaría si la inmersión fuese más tardía o menos intensa.

    Y me contaba, además, que el castellano, pese a todo, seguía siendo la lengua del patio. Y entonces, ¿para qué amargar la infancia escolar si al final se suele hablar como a uno le da la gana?

    La respuesta es obvia, los niños son la mano de obra barata de los proyectos independentistas, en la fabricación de una nación los derechos de los niños son pisoteados.

    Ocurre en Cataluña, Galicia, Baleares y País Vasco, y resulta políticamente muy útil al nacionalismo, aunque paradójicamente es el PSOE quién gobierna en tres de las cuatro autonomías citadas.

    El caso paradigmático es el de Vitoria, con un 98% de los niños de lengua castellana que, en este mes de septiembre, serán sometidos lingüísticamente, pero así pasito a pasito se hace el sueño de Sabino Arana, fundador del PNV e inventor de la Ikurriña, que se lamentaba, hace más de un siglo, que nadie en su tierra fuera nacionalista “…encontrándonos sin un periódico amigo, ni una sociedad que persiga nuestros ideales, ni un miembro de corporaciones adicto a nuestras ideas…”.

    Hoy vería jubiloso Sabino, que pensaba que los españoles eran “…más que hombres semejan simios poco menos bestias que el gorila”, como su sueño secesionista se aproxima.

    Aspiración independentista que sería legítima, siempre que siguiese los desbordados cauces que marca nuestra Constitución, aprobada por la totalidad de las provincias y el 89% de los españoles, y se ejecutara respetando los derechos personales que sistemáticamente se vulneran en cuatro de nuestras diecisiete comunidades autónomas.