Estatutos y Falsificaciones Históricas

El nuevo estatuto de Cataluña establece que “tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno”. La fiesta, como todos conocen es el 11 de septiembre, Diada Nacional de Cataluña, en la que se conmemoran, ante el monumento a Rafael Casanova, con una ofrenda floral la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas en la Guerra de Sucesión Española principios del XVlll, antes había caído Valencia y un año después se entregaba Mallorca. A todos torpemente, por los decretos de nueva planta, les fueron derogados sus fueros.

Rafael Casanova, un hombre valiente, conseller en cap de Barcelona y defensor de la ciudad, es exhibido como baluarte de la nación catalana, todo un símbolo mitificado por el independentismo, que sin embargo el mismo 11 de septiembre de 1714 hizo la siguiente proclama demandando ayuda a sus vecinos “se confía que todos como verdaderos hijos de la patria, amantes de la libertad, acudirán a los lugares señalados con el fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España”.

Rafael Casanova y los que luchaban por ideales en el bando austriaco –abundaban los mercenarios extranjeros en ambos ejércitos a quienes tanto les daba una cosa u otra para nuestro país- anhelaban una España descentralizada, respetuosa con los fueros regionales, distinta del modelo francés centralista, posiblemente como la de la Constitución del 1978, pero no una España dividida.

Sin embargo aquellos nobles ideales han sido desfigurados, adulterados, para convertirlos en pura invención al servido del nacionalismo, consagrando la falsificación histórica como fuente de legitimidad.

El alocado proceso de descoyuntamiento del país puesto en marcha por el gobierno socialista, en una carrera hacia ninguna parte, ha chocado de bruces con la realidad nacional, como ha quedado patente en los dos referendos de Cataluña y Andalucía, donde sólo el 49 y el 36% de sus ciudadanos acudió a las urnas.

En esta última autonomía el esfuerzo del Partido Popular de adecentamiento de un texto previo inconstitucional –que ya ha sido recurrido por la comunidad de Extremadura- logró confinar al preámbulo la “realidad nacional” andaluza descrita en 1919, que supone, simplemente, que en España hemos tenido gente con ocurrencias en todas las épocas.

La segunda transición que Rodríguez Zapatero ha intentado poner en marcha sin consultar al conjunto de los españoles es un fracaso, al que la mayoría de españoles ha dado la espalda, pero sus consecuencias para la futura convivencia de todos los españoles serán nefastas.

Miguel Barrachina Ros

Diputado a Cortes por Castellón