Cuando lo normal es extraordinario
MIGUEL BARRACHINA ROS: "Que este hecho ordinario, normal y razonable se haya celebrado como un acontecimiento extraordinario es alarmante."
¿Qué juicio le puede merecer a alguien su propio trabajo, cuando éste ha sido hecho libremente y a conciencia? Positivo sin duda. Pues esta obviedad de evitar ser juez y parte, de haber realizado trabajos remunerados para la Generalitat de Cataluña preparatorios del Estatut y después juzgarlos, debiera haber provocado la inhibición del magistrado afectado.
Como no lo hizo, el Partido Popular –me encuentro entro los firmantes- pidió su recusación para que pudiera haber una resolución justa. La decisión del Tribunal Constitucional de aceptar nuestra petición de recusación al magistrado Pérez Tremps, para que no pueda decidir sobre el recurso de inconstitucionalidad frente al Estatuto Catalán, que también tuve el placer de firmar junto a otros compañeros en el Congreso de los Diputados, era la única solución lógica.
Que este hecho ordinario, normal y razonable se haya celebrado como un acontecimiento extraordinario es alarmante, pues todos conocemos que para la “segunda transición“ en que Zapatero nos tiene inmersos hace falta la implicación de los tres poderes. No basta con que el legislativo le hayamos implorado a ETA la negociación y declaremos naciones a diestro y siniestro, ni con que el ejecutivo haya reducido las detenciones de terroristas o retirado los recursos de inconstitucionalidad ante las comunidades autónomas, sino que se necesita, para que el plan sea completo, que el tercer poder, el judicial, “se adapte a la nueva realidad” y sea condescendiente con los terroristas y caritativo con los textos estatutarios que acaban con nuestra histórica nación.
Por eso mucho me temo que la presión sobre jueces y fiscales se está multiplicando para no estropearle a Rodríguez Zapatero el plan de convertir a España en un Estado residual conformado por naciones distintas y mañana distantes. Y la mayor presión ya la ha recibido Perez Tremps cuando los socialistas catalanes han afirmado que “si cae el Estatut cae el Gobierno” y están forzándolo a dimitir, es decir que en lugar de inhibirse en un tema y seguir de magistrado se vaya a casa y el ejecutivo del PSOE lo sustituya por un amiguete disciplinado, haciendo un uso sectario del más alto tribunal que haría sonrojarse a cualquier demócrata.
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