Bipolaridad política
Con un volumen superior a cinco millones de españoles desempleados, con un volumen indescriptible de españoles empleados a tiempo parcial, incluso por horas, desde hace más tiempo del imaginado, un Gobierno esquizoide y bipolar que, en principio, con tal hecho, suma con la acogida interesadamente tolerante a inmigrantes/refugiados...
Con un volumen superior a cinco millones de españoles desempleados, con un volumen indescriptible de españoles empleados a tiempo parcial, incluso por horas, desde hace más tiempo del imaginado, un Gobierno esquizoide y bipolar que, en principio, con tal hecho, suma con la acogida interesadamente tolerante a inmigrantes/refugiados, sin contar que, si por casualidad, alguno es titulado superior, su reconocimiento podrá tardar, burocráticamente hablando, entre dos y tres años, y, mientras tanto, el contribuyente se lo carga a la espalda.
Países como Alemania, Dinamarca, Suiza, por citar sólo algunos, están considerando que aquellas personas que soliciten asilo, político o no, deben colaborar inexcusablemente en su manutención a fin de evitar agravios comparativos con los oriundos/autóctonos contribuyentes, incluso desempleados y, con ello, asegurar que, tanto unos como otros, sean iguales ante la Ley.
La normativa española es un inmenso coladero donde hay demasiada letra pequeña y más agujeros que un queso de Gruyère al considerar que, desde hace mucho tiempo existe un perjuicio comparativo, entre grupos sociales que aportan y los que, por exclusión, siendo minorías étnicas y marginales, no aportan nada al sistema social, aunque sí se benefician de todas las ayudas y prestaciones habidas y por haber, que difícilmente lo consiguen los desempleados.
La solución pasa por conseguir que desaparezcan las causas primigenias de esta inmigración forzada y masiva, pero parece como si no existiera interés alguno por alcanzar algo tan elemental como es el diálogo, ya que los conflictos armados se eternizan gracias a las vías indirectas de testaferros que suministran armas a quien no se debiera.
¿Es tan difícil para los políticos, en general, reubicar a los inmigrantes/refugiados en territorios afines a su cultura y costumbres, donde puedan realizar trabajos que saben hacer? Porque ¿qué negocio empresarial laico puede obtener un beneficio con trabajadores cuya religión les obliga a rezar entre tres y cinco veces al día, según sean respectivamente suníes o chiíes; a ayunar durante un mes, día a día, desde que amanece hasta que anochece; a vestir diferente, tanto los hombres como las mujeres, bajo la supervisión de una policía religiosa? Una religión que está hecha para la agricultura, pero no para la industria, con directrices sociales de hace más de quinientos años y sin visos de no abrirse para evolucionar.
Aunque depende de las CCAA, tanto inmigrantes como refugiados, en los colegios, además de regalarles el uniforme, desayunan, comen y, al regresar a casa, se llevan una mochila repleta de comida. Así diariamente. Gratis total. Y mantenimiento de agua, luz, alquiler y gastos personales. El desempleado oriundo/autóctono español no tiene acceso a estas ayudas. Una injusticia. Y cada mañana, dirigidos por asistentes sociales, les enseñan las leyes y derechos españoles para defenderse, pero no los deberes de colaboración, algo que jamás un autóctono ha tenido esta oportunidad, como si se diera por hecho.
Desde hace tres lustros, el 87% de las víctimas del yihadismo son países islámicos, gracias a la intolerante guerra civil islámica entre chiíes y suníes, que dura más de un milenio, aunque actualmente protagonizada por el Daesh/IS, mediante sus creencias, sus consignas, sus medidas atroces, se está extendiendo por territorios contrarios a sus creencias y costumbres con la idea de que se parezca a una lucha entre Oriente y Occidente, cuando lo que está ocurriendo es que ha aumentado la inmigración de ambas facciones, en la que se ve inmersa, sin comerlo ni beberlo, la población occidental que, en su ignorancia, los ha acogido y los acoge, sin conocer el avispero en el que se ha metido.
Los inmigrantes/refugiados pagan entre 1.000 y 5.000 €/persona. Dos formas de pagar, o quizá más: no son pobres, porque los pobres no pueden permitirse ese lujo, así que se lo pagan delinquiendo: comprando documentación falsa, pasando droga.
La barbaridad bipolar planteada por las instituciones españolas ante la situación de desempleo por inmigrantes y sin papeles.
Una visión objetiva, dentro de las múltiples que existen, desde el respeto y la tolerancia.
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