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Economía 04-03-2025 13:45

AIReF constata una ralentización de licitaciones y subvenciones del Plan de Recuperación en Gobierno y CCAA

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que el ritmo de formalización de licitaciones y concesión de subvenciones del Plan de Recuperación se ha ralentizado respecto a 2023 en la Administración Central y las comunidades autónomas, mientras que los ayuntamientos han elevado el despliegue y el Sector Público Institucional (SPI) lo ha mantenido.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha actualizado este martes su Observatorio sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con datos correspondientes al 2024.

Según el Observatorio de la AIReF, hasta diciembre de 2024, se han formalizado contratos y concedido subvenciones por valor de 43.553 millones de euros de los 79.854 millones asignados a España (incluyendo la adenda) en más de un millón de operaciones.

El Sector Público Institucional Estatal es el que más contratos ha formalizado y concedido subvenciones, por valor de 17.509 millones de euros. Le siguen las comunidades autónomas, con 11.687 millones, la Administración General del Estado (10.690 millones) y las corporaciones locales (3.666 millones).

En el `top 5` de órganos convocantes destaca Adif, con 6.759 millones, el Ministerio para la Transformación Digital (2.369 millones), Red.es (2.337 millones), IDAE (2.140 millones) y la Comunidad de Madrid (1.857 millones).

Por su parte, el número de adjudicatarios o beneficiarios únicos asciende a 922.729, puesto que un mismo beneficiario puede percibir más de una subvención o licitación.

La herramienta de la AIReF, que incorpora ya más de un millón de registros, ofrece un elevado nivel de granularidad, con información detallada del destino de los fondos por componentes y líneas de inversión, así como fichas individualizadas para las administraciones territoriales.

La herramienta de visualización de datos de la AIReF capta los importes que están llegando a la economía real a través de la explotación de la información pública existente en las bases de datos de licitaciones y subvenciones de las administraciones públicas.

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