El exinterventor de Castro asegura que la gestión de los fondos públicos era "absolutamente caótica y arbitraria"

El juicio por el `caso de los sobresueldos` del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en el que hay 12 acusados --tras la absolución del secretario municipal-- y entre los que figuran tres exalcaldes, se ha retomado este martes con la comparecencia de los primeros testigos, entre ellos el exinterventor, quien ha vuelto a denunciar la existencia de una situación "absolutamente caótica y arbitraria" en las concesiones y el manejo de los fondos públicos.

Así lo ha trasladado en la segunda sesión del juicio, que se remonta a hechos que ocurrieron entre 1991 y 2011, que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cantabria y ha comenzado con la resolución de las cuestiones previas, entre las que se ha rechazado la suspensión del juicio, como solicitaban varias defensas.

Y esque a esta segunda sesión sí ha acudido la exconcejala acusada Elisa Dopico, que se ausentó en la primera por motivos médicos. Asimismo, no se ha tenido en consideración que la Fiscalía tardó "cinco años" en presentar su escrito de acusación, como alegaban los abogados.

Además, se ha absuelto al entonces secretario del Ayuntamiento, César Saiz Alonso, por prescripción del delito, referido a un único hecho de intervenir en la contratación de su hija por parte del Consistorio obviando su obligación legal de abstenerse --el resto están acusados por delitos continuados que se extendieron en el tiempo--.

Su absolución se suma al archivo de la causa en la primera sesión para el funcionario Pedro Luis Arroyuelos --al que se acusaba de cobrar un complemento personal transitorio sin motivo-- debido a que padece un deterioro cognitivo; si bien continúa pendiente el archivo por la misma causa del exalcalde Rufino Díaz, que ha sido citado este miércoles a las 9.00 horas con el médico forense para que lo valore.

Asimismo, se ha dado luz verde a la posibilidad de ausentarse del juicio a los acusados hasta el próximo 5 de diciembre, cuando está previsto que comiencen sus declaraciones.

"DESORGANIZACIÓN PERFECTAMENTE ORGANIZADA"

Así, tras la decisión de continuar con la celebración del juicio, el primer testigo en declarar ha sido el exinterventor Fernando Urruticoechea, quien ha aseverado que cuando llegó al puesto --fue el primer funcionario público en ocuparlo, hasta entonces lo había estado haciendo "a dedo" la hija del secretario, "absolutamente incompetente", ha dicho--, se encontró una situación "tremenda y caótica"--.

Una situación en la que, ha destacado, había "decenas y decenas de bolsas de basura negras... llenas de escrituras", así como la "falta de calidad" y el "déficit" del listado de las nóminas, contra las que llegó a presentar hasta 61 documentos con "muchísimos reparos y muchísimas notas de intervención".

"Esa desorganización estaba perfectamente organizada", ha asegurado el entonces interventor, que ha señalado que en 2003 "pensaba que el nuevo Gobierno iba a ir por la legalidad" y, sin embargo, en septiembre comenzaron las "contrataciones ilegales" y en octubre la "difamación y el acoso" hacia su persona ante sus "reparos", que llegó a denunciar y le causó problemas de salud.

Según ha indicado el exinterventor, se utilizaba una técnica habitual de "los ayuntamientos corruptos": el "contrainforme"; y, además, existía una "sensación de impunidad".

También ha censurado que iban temas de debate al Pleno "sin fiscalización" y se producían complementos de productividad "que no pueden ser continuos" en el tiempo, así como de jubilación o regalos en la cesta de Navidad, con el objetivo de que todos los funcionarios "callasen y participaran en el silencio cómplice y mafioso en el Ayuntamiento de Castro Urdiales".

MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PREVARICACIÓN

Con ello, han pasado de 14 a 12 los imputados en este proceso, que se enfrentan a delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, y en las que están previstas 16 sesiones para aclarar las supuestas irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, así como el pago de retribuciones indebidas a funcionarios y personal laboral.

Los ocho concejales imputados se enfrentan a una pena de cinco años de prisión y 18 de inhabilitación por apoyar los presupuestos en 2008 y 2009 obviando los reparos del interventor municipal que advertían de distintos pagos ilegales, según la Fiscalía, que para los exalcaldes solicita nueve años de prisión y 27 de inhabilitación.

En concreto, están procesados en esta causa los exconcejales José Miguel Rodríguez `KyK`, Elisa Dopico, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Agapito Pastor, Agustín Fernández e Iván González, que también fue alcalde pero posteriormente a los hechos, a partir de 2011.

Los otros dos procesados son los que fueron alcaldes de 1991 a 2011, Rufino Díaz y Fernando Muguruza; y el funcionario Gregorio Alcedo que presuntamente cobró un complemento personal transitorio.

Según el escrito de la Fiscalía, el que fuera alcalde de Castro Urdiales entre los años 1991 y 2003, Rufino Díaz Helguera, contrató "a su libre albedrío al personal del Ayuntamiento" y colocó "en puestos esenciales y especialmente sensibles en la administración local a personal designado por él, sin ningún tipo de concurrencia".

Posteriormente, su sucesor en el cargo, en 2003, Fernando Muguruza, "mantuvo las contrataciones ilegales previas y realizó otras sin proceso selectivo alguno", y "extendió la contratación totalmente arbitraria a la residencia municipal y al servicio de extinción de incendios".

En otras ocasiones, añade el fiscal, se colocó a funcionarios que no tenían la titulación adecuada en puestos de categoría superior.

En definitiva, señala que el Ayuntamiento de Castro Urdiales abonó de forma ilegal 120.000 euros en partidas con conceptos como bolsa de Navidad entre 2002 y 2009; otros 110.000 euros por el Coso Blanco entre 2000 y 2010; y 1,9 millones de euros en concepto de productividad tanto al personal funcionario como laboral entre 2000 y 2010.

Mientras, los concejales procesados votaron a favor de la aprobación de los presupuestos municipales de 2008 y 2009 pese a los reparos del interventor en torno a estas partidas.