Cantabria recurre las resoluciones para trasladar otros dos menores migrantes a la región
El Gobierno de Cantabria ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico interponer dos recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de la delegada del Gobierno en Ceuta, en las que se traslada y se reubica en la comunidad a dos menores extranjeros acogidos en la ciudad autónoma.
La actuación, aprobada este jueves en su reunión semanal, reafirma el compromiso del Ejecutivo regional con "la defensa de sus competencias en materia de protección de menores y con la correcta aplicación del marco legal vigente", ha indicado en nota de prensa.
Estos dos recursos se suman a los otros cuatro que el Gobierno cántabro interpuso con anterioridad, igualmente contencioso-administrativos, contra sendas resoluciones, dos de la delegada del Gobierno en Ceuta y otras dos del Gobierno de Canarias.
Las primeras, fechadas el 1 y 2 de octubre, ordenaban el traslado y reubicación en Cantabria de dos menores acogidos en la ciudad autónoma; y las segundas, del 13 y el 21 de octubre, daban la misma orden para otros dos menores extranjeros acogidos en Canarias.
De esta forma, Cantabria ha recurrido seis resoluciones de traslados, si bien hay otros siete expedientes de menores comunicados --de los que hasta el momento no se ha enviado resolución--, que se suman, además, a otros que se archivaron por ser mayores de edad, así como un menor extranjero no acompañado que llegó en octubre a la comunidad autónoma.
La Administración regional recurrió ante el Tribunal Supremo el decreto que establece la distribución de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a las comunidades, de los que 156 se asignaron a Cantabria.
Y es que el Ejecutivo ve en él una "posible extralimitación competencial del Estado", ya que se apoya en el Real Decreto Ley 2/2025 --de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias--, que también está recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas, incluida Cantabria.
El informe jurídico del Gobierno autonómico señalaba que el Real Decreto "podría vulnerar diversos artículos de la Constitución Española" --entre ellos el 86.1, 103, 137, 138, 143 y 156, en relación con los artículos 149.1.2 y 148.1.20--. Además, apuntó "defectos en la tramitación" que podrían viciar de nulidad la norma.
Sé el primero en comentar