El alcalde de Ribamontán al Monte defiende que todos sus "pasos" tuvieron "siempre asesoramiento legal"

El alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), ha asegurado que "todos los pasos" que él y su equipo han dado al frente del Ayuntamiento han estado "siempre" consensuados y han contado con "asesoramiento legal", en concreto de la letrada contratada por el Consistorio, y ha achacado la denuncia del anterior Gobierno local (PP) por pagos supuestamente irregulares -basados en reparos de ilegalidad de la secretaria municipal- a la "pésima" relación entre esta funcionaria y la abogada en una etapa en la que el "clima" en esta Administración local era "indescriptible".

"En todo momento he estado asesorado jurídicamente, siempre", ha afirmado el regionalista para defender que "no ha dado un paso sin asesoramiento jurídico". "No tengo ni idea de Derecho. Nos asesorábamos en todo momento", verbalmente o por escrito, ha insistido el regidor -ingeniero técnico industrial de electricidad- y que accedió al cargo en junio de 2025.

Se ha expresado así este miércoles en la primera sesión del juicio contra él por un presunto delito continuado de prevaricación, por el que se enfrenta a 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que piden para él la Fiscalía y la acusación particular (ejercida por los 'populares').

Ambas partes le atribuyen pagos entre 2016 y 2017 -por cerca de 20.000 euros según el ministerio público, importe que el PP calcula en más de 140.000- pese a informes contrarios de la Intervención y a los citados reparos de la secretaria, que en su declaración como testigo los ha enmarcado en su labor de control y ha considerado que el alcalde "seguía los dictámenes" de la letrada que le asesoraba.

La causa, que se enjuicia esa semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria y en la que se archivó la imputación inicial de otros cinco concejales por un error en el procedimiento (declararon tras concluir el plazo de instrucción), tiene que ver con el pago de cuatro facturas, dos de casi 4.000 euros de honorarios de abogados en la defensa del alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal.

Las otras dos están relacionadas con el pago de 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación había sido realizada por la jurídico municipal, y de 8.000 euros a una consultora sobre la plantilla del Ayuntamiento.

También había reparos de la interventora en el cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal, de la abogada municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento.

El alcalde ha asegurado que en esos seis expedientes objeto de este procedimiento penal actuó conforme al asesoramiento jurídico de la letrada, que era presidenta de la Junta Vecinal de Ribamontán al Mar (PP). Fue contratada por el Ayuntamiento tres meses después de coger el regionalista con el bastón de mando y desempeñó sus funciones hasta 2020.

Arco ha negado que nadie le dijera que no podía resolver ninguna cuestión de interés municipal con indicaciones contrarias a las de la secretaria. Reparos que, como ha admitido, conocía y que según ha reiterado levantaba tras las directrices jurídicas de la abogada, que eran "diferentes" a las de la secretaria. "Todos los pasos que hemos dado han estado consensuados y asesorados por la letrada", ha reafirmado el regionalista, para indicar que cuando él y los demás concejales se hicieron con el gobierno local eran "unos chavales de 30 años" sin "experiencia ni idea de llevar un Ayuntamiento".

Según ha apuntado, hasta entonces "coincidían todas las decisiones" desde el punto de vista jurídico, pero después no, de ahí que se asesoraran con la abogada contratada para actuar "aconsejados" por ella y a veces buscaban también asesoramiento externo puntual. Además, ha contrapuesto el que todos en el Consistorio se llevaran "estupendamente" con el "malestar y trato duro" por parte de la secretaria, lo que generaba un "ambiente complicado": "Era muy duro trabajar en esas condiciones".

Como ejemplo, Arco ha puesto que iba a tratar un tema con la secretaria y ésta le decía: "'sube a hablar con tu letrada y que te asesore'". Y, "según el día" que tuviera, ha dicho que le "echaba" de su despacho y, por tanto, no le quedaban "más remedio" que pedir consejo a la abogada, con quien se reunían antes de los plenos y que "preparaba" las providencias del alcalde. "Todo lo que hemos hecho ha sido con el asesoramiento jurídico de la letrada", ha zanjado.

Una exconcejala ha coincidido en que la secretaria "se dedicaba a pararlo todo, cualquier actuación". "Todo eran palos. Te lo intentaba frenar todo", ha rememorado, para justificar que buscaran el asesoramiento de la abogada, corroborado por otro edil que también ha declarado como testigo.

ME DEBO AL AYUNTAMIENTO

El regionalista --que en 2015 arrebató por "por un voto" de diferencia y después de "30 años" al PP el cargo, que revalidó cuatro años después con mayoría absoluta-- ha manifestado que cuando se incorporó al puesto de regidor ya había tenido contacto durante su anterior etapa municipal con la secretaria municipal, con la que no se llevaba "demasiado bien".

Y según ha asegurado, le dijo que él habría "ganado las elecciones", pero que en la Ayuntamiento la que "mandaba" era ella, idea que le repetiría en 2019 cuando obtuvo nueve de once concejales. "Eso es absurdo", ha negado la funcionaria, que ha testificado que tras tomar posesión Arco entró en su despacho para reclamarle "todos" los contratos del Consistorio, incluido el suyo.

La secretaria, que desempeña el cargo en Ribamontán al Monte desde 1989, ha justificado los reparos que puso y los ha enmarcado en su labor de control de la legalidad: "No es porque a mí me apetezca", sino que "lo tengo que hacer por ley y lo hago en momentos en que me veo en una situación muy crítica", ha dicho. "Si no hubiese puesto el reparo, la responsabilidad sería mía", ha esgrimido en otro momento.

También se ha referido a comentarios del regionalista 'despreciando' sus informes jurídicos y considerando "innecesarios e injustificados" los reparos, que achacaba a que ella era "amiga del PP y del alcalde anterior", José Luis Blanco Fomperosa. Aunque ha admitido que le "duelen esos comentarios" y que lo ha "pasado muy mal", ha destacado que tiene que "estar por encima de eso: me debo al Ayuntamiento".

En cualquier caso, esta funcionaria ha cuestionado que el regidor del PRC procesado y ante las discrepancias que ella planteaba, "en vez de atender esos informes, estaba siguiendo las directrices de su asesora". Y a la pregunta de si cree que Arco actuó arbitrariamente o mal asesorado, la secretaria ha respondido que vio cosas "muy desajustadas" y que "cambiaba de opinión" de un día para otro, porque "seguía los dictámenes de su letrada".

En el juicio también ha declarado la trabajadora trasladada de un centro municipal al Ayuntamiento, según el alcalde por la "gravedad" de una situación de "extorsión" -a raíz de fotos de contenido sexual- y para "asegurar la integridad" de esa empleada, con discapacidad física.

El regidor ha justificado esta movilidad en base a un contrato de auxiliar administrativa que le hizo su antecesor en el cargo, que era su "amigo", según la empleada -que no tiene esa titulación ni ha desempeñado esas funciones-. También ha dicho que pasó de encargarse de los libros de la biblioteca a estar "de cara al público" y después "en un cuarto para hacer una memoria de rutas de senderismo".

En el arranque de la vista, la defensa ha pedido la nulidad de actuaciones por practicarse tras la instrucción y una sentencia absolutoria, cuestiones que resolverá la Sala al dictarla.