Suspendida la prisión a los condenados de la trama de Obras menos al funcionario, que ingresará en enero en Zaballa

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a todos los acusados por la trama de Carreteras de la región, por la adjudicación irregular de contratos de Obras Públicas por parte de un funcionario a empresarios del sector, en los términos pactados entre las acusaciones y las defensas, conformidad que ha sido ratificada y formalizada en la vista celebrada al efecto este viernes.

En la misma, los procesados se han mostrado conformes con los hechos -reconocidos en su día- y penas que recoge el escrito y que se llevará a una sentencia sobre la que ya ha decretado firmeza la jueza, de la Sección Tercera y que iba a presidir el tribunal del jurado -que no ha sido necesario constituir-, al comprometerse las partes a no recurrirla.

Además, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión para todos los implicados menos para el empleado público considerado cabecilla de la red, condenado a siete años de cárcel y que ingresará después de Navidad -el 8 de enero- en Zaballa, la prisión provincial de Álava.

Se trata del centro penitenciario más cercano al lugar donde Miguel Ángel Díez Barrio se ha trasladado a vivir y trabajar, y al que se ha concedido un plazo de algo más de un mes para empezar a cumplir la pena privativa de libertad -lo habitual suelen ser diez o quince días-. Ha sido a petición de su abogado, que ha trasladado a la magistrada la intención de su cliente de ingresar tras las fiestas navideñas y de forma voluntaria en prisión, donde ya estuvo de manera preventiva seis meses tras destaparse el caso, en febrero de 2023.

Este letrado ha esgrimido motivos organizativos de carácter familiar y laboral, derivados del cambio de comunidad autónoma, domicilio y trabajo del funcionario -que fue apartado de su puesto en la Consejería, donde fue jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas en la etapa de los hechos-, punto en el que ha explicado que el principal encausado está desarrollando labores profesionales relacionadas con obras que no podrá terminar hasta finales de diciembre.

Y ha alegado también razones de naturaleza penitenciaria, para gestionar su internamiento en ese centro, y "humanitarias", teniendo en cuenta la proximidad de las navidades, además del reconocimiento de los hechos y la consignación del montante reclamado por el perjuicio causado al Gobierno de Cantabria, cifrado en más de 1,6 millones de euros (él ha abonado casi la mitad: 749.648 euros). La jueza no ha visto objeción a conceder ese tiempo adicional y la Fiscalía y Ejecutivo (acusación particular) no se han opuesto.

Mientras, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión a su mujer -condenada a un año y un día- durante un periodo de dos años y siempre que no cometa delito alguno en ese periodo; durante el cual también se suspenderá de forma extraordinaria la cárcel a los cuatro constructores procesados a condición, además en estos casos, de que paguen una multa de 960 euros, a razón de una cuota de 6 euros durante 160 días.

Asimismo, se ha acordado el comiso definitivo de la cantidad de 957.027 euros trabados durante las actuaciones al matrimonio. En la vista, que ha durado cerca de media hora, han estado presentes todos los encausados con sus respectivos abogados salvo las hijas del funcionario, consideradas partícipes a título lucrativo, que han seguido la sesión por videoconferencia.

ACUERDO

En la misma se ha ratificado lo suscrito el pasado mes de septiembre entre las partes -tras la investigación del Juzgado de Instrucción 5 de Santander- y ajustado después por el fiscal del caso a petición de la magistrada encargada del juicio, Almudena Congil, y que supuso un ligero aumento de la pena a los cuatro constructores procesados, que rebasan así los dos años. Al reconocer todos los hechos imputados y consignar la cuantía de responsabilidad civil, se les han aplicado las atenuantes de confesión y reparación del daño.

Así, el funcionario ha sido condenado por fraude en la contratación, cohecho y blanqueo de capitales en concurso con falsedad en documento mercantil a siete años de prisión, nueve años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa cercana al millón de euros.

Sobre su mujer ha recaído un año de prisión y el pago de casi medio millón por blanqueo de capitales en concurso con falsedad en documento mercantil, y dos años, un mes y quince días sobre los empresarios implicados por fraude en la contratación y cohecho: el apoderado de API Movilidad e IMESAPI, el administrador de CANNOR y La Encina (Centro de Jardinería y Gestión Inmobiliaria), el administrador de RUCECAN y el apoderado y socio de esta última empresa. También se les han impuesto tres años y ocho meses de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas y para contratar con la administración, y 1.800 euros de multa.

HECHOS

Según el escrito pactado, el funcionario se valió de su puesto como jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas para concertarse durante años y en "múltiples expedientes" de contratación de obras con empresarios del sector, para "favorecerles en la adjudicación de los mismos a cambio de ilícitas remuneraciones como contraprestación a sus servicios irregulares".

Así, se dedicó a "adulterar sistemáticamente" los procedimientos mediante diferentes conductas" con las que causó un "grave quebranto económico" al Gobierno cántabro.

La investigación, que se inició en octubre de 2022, ha constatado "prácticas corruptas" en siete expedientes relativos a otras tantas obras en carreteras e infraestructuras de la comunidad, como reparaciones puntuales de la capa de rodadura en diferentes vías autonómicas, dependientes de la Consejería; actuaciones de limpieza y conservación en distintos puntos; el proyecto de conservación, mantenimiento estructural y mejora de la seguridad vial del puente sobre la ría de Cubas (puente de Somo); la ejecución de una senda ciclable en la carretera CA-131 entre Barreda y La Revilla, en el puente de La Barca (pasarela Solvay), o en el puente de Pontejos, entre otros proyectos.

Según lo admitido y reflejado en el texto ratificado, "el conciliábulo" para dirigir el proceso de contratación de la Dirección General de Carreteras del Ejecutivo estaba formado por los empresarios investigados y el funcionario, que adoptó las decisiones "oportunas" de forma "arbitraria y perversa, teniendo "plena consciencia" de sus acciones. Todas ellas estaban orientadas a una contratación "irregular e ilícita".

"Todo el proceso descrito obedecía a un interés económico recíproco: por una parte, las empresas obtenían contratos de la administración de forma reiterada, engordando con su margen empresarial de beneficios su cuenta de resultados y por otra el funcionario recibía cuantiosas remuneraciones, dádivas y favores por su incorrecto proceder".

Los pagos, atendiendo al "desproporcionado patrimonio acumulado" por el funcionario y su familia, "han ido discurriendo a lo largo de los años, sin poderse acreditar con certeza el montante total ni la forma de llevarse a cabo".

Pero resultan "incuestionables" el hallazgo de 529.000 euros en metálico en su casa, "una máquina para contar billetes", o que el matrimonio simuló una actividad mercantil "ficticia para aparentar la generación de ingresos legales" y así "enmascarar la obtención de los pingües beneficios".

Así, confeccionaron "una retahíla de facturas presuntamente auténticas", cuando recibieron pagos de los otros investigados, con fórmulas "encubiertas" -como la nómina de la mujer del funcionario como trabajadora de una de las empresas- y "en especie", con "regalos y favores", como el disfrute de un coche de alta gama, entradas para los toros y el fútbol o reservas de hoteles.