UPy D rechaza el Estado Autonómico

En toda situación delicada la solución suele pasar por el proceso de asimilación del propio estado, de mirarse al espejo y aceptar lo que se es. Y creo que ha llegado el momento para Cantabria –para España- de enfrentarse a su imagen en el espejo para escapar del espejismo.

Se lo decía a tres representantes de los tres partidos con parlamentarios autonómicos en un programa televisivo hace algunas semanas: seamos conscientes de lo que somos y dejemos de repetir esquemas sin antes evaluar su eficiencia para nuestras obligaciones y circunstancias. Cantabria, nuestra tierruca montañesa, es una región histórica pequeña en superficie y en población, con algo más de 5300 km² y algo menos de 600.000 habitantes, lo que significa que demográficamente Cantabria entera representa más o menos lo mismo, por ejemplo que los municipios de Málaga o Zaragoza. 

Es cuestión por tanto evaluar el despliegue administrativo del que nos hemos dotado para “organizar” la vida pública de Cantabria y estimar si es proporcionado o si bien se nos fue de las manos hace años (mi idea al respecto, lo sé, queda explicitada en mi redacción).

En España el Estado Autonómico ha sido desarrollado de forma asimétrica en una danza competencial marcada, principalmente, por los ritmos de Cataluña y País Vasco.  (la primera con una población 12,5 veces mayor que Cantabria y la segunda 3,6 veces). La configuración política que se buscó para España al final de la transición fue la del bipartidismos alternante, para lo cual se diseñó una ley electoral que, logrando su objetivo, supuso colateralmente que el Congreso se convirtiera de facto en la cámara territorial de las grandes autonomías gobernadas por partidos nacionalistas, partidos, por otro lado, a los que la misma ley electoral favorecía también en la conversión de votos en escaños. Es así como los gobiernos nacionalistas de Cataluña y País Vasco armados del peso, desproporcionado a nuestros ojos, de sus diputados en el Congreso y estableciendo una bilateralidad fuera de la ley como pauta, comerciaron con su apoyo con los gobiernos de turno, abundando en la diferencia a través del autogobierno excluyente. Como muestra basta el botón que nos están cosiendo a la solapa los “embajadores” de Cataluña en España (qué poco ha tardado en asomar la piel del lobo divergente bajo el vellón de carnero convergente) con las declaraciones de estos últimos días tras su regreso a la Generalidad o como muestra la traslación a datos numéricos del precio del apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado (que supuso además de las cesión de competencias la aceptación de enmiendas que cambiaron el destino de 124 millones de euros), despropósito que se ilustra con la aprobación de 2,6 millones y medio de euros para un tal vez deseable pero nada urgente “museo del chacolí” mientras que se rechaza la enmienda de UPyD para no reducir en 1,5 millones de euros la dotación al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Así es y así ha sido el ritmo marcado por los buques insignia del nacionalismo ibérico, que no pata negra. Y así será seguirá siendo si no le ponemos coto al desmán.

Y la reacción del resto de autonomías fue la de, permítanme, culo-veo-culo-quiero, iniciándose un proceso de calco y copia de estructuras y políticas sin tener en cuenta ni el factor escala ni la propia necesidad ni el sentido común que habría dado al traste con tanta duplicidad y redundancia competencial en el sistema. Es así como tras treinta y pocos años de democracia, una región como la nuestra, que organiza el destino autonómico de apenas 600.000 almas se ve articulada por un Parlamento de Cantabria desde donde el Gobierno actúa a través de 12 consejerías adornadas por un rosario de unos 70 entes, empresas, agencia, fundaciones públicos y nada más y nada menos que 102 municipios y sus correspondientes ramificaciones que incluyen, para los de mayor población, alguna que otra empresa pública. UPyD-Cantabria considera que este esquema es antieconómico y favorecedor de nuestra triste falta de transparencia endémica (la red clientelar que tantas empresas públicas y municipios teje es la antesala de calentamiento de la corrupción o cuando menos de la a-legalidad). Y si con esta losa organizativa que nos hemos cargado sobre los hombros nuestra región está por encima de la media española en tantos parámetros económicos no quiero pensar cuan mejor estaríamos sin ella, concentrando esos medios y energías en mejorar esos tantos otros parámetros donde somos deficitarios (como el sanitario, donde fuimos punteros y referencia hace no tantos años en calidad y vanguardia y ahora año tras año descendemos posiciones en los estudios comparativos nacionales o la transparencia que nos hace destacar como los últimos de la clase).

Asimilar nuestra escala es el primer paso necesario para dirigirnos a buen puerto, para lograr la eficiencia. El que no seamos muchos no resta un ápice a nuestra legitimidad, ni a nuestras necesidades, es más, podría hasta favorecernos en algún caso, pero nos tiene que obligar (al menos a partir de ahora ya que en el pasado el despendole fue Ley) a reconsiderar y redimensionar nuestra organización autonómica. Y eso será ejercer plenamente nuestras competencias y no la mera, y tantas veces espuria, dinámica de dejarse llevar por la inercia.

El hecho de que la crisis parezca haberse cebado menos en nuestra comunidad autónoma y las perspectivas de mejora parezcan superiores al de otras autonomías parece convertirse en coartada oficial para seguir dormidos sobre unos supuestos laureles avalando unos presupuestos autonómicos para el año próximo son tan continuistas y poco transparentes como siempre. Pero, valga la imagen, es un error pensar que la relativa bonanza de navegación de nuestra fragata en la tormenta pueda resistir el hundimiento de la flota.

En el ejercicio de nuestras competencias autonómicas deberíamos iniciar el proceso de simplificación administrativa de nuestra Comunidad, eliminando duplicidades y redundancias, racionalizando el gasto, reorganizando la administración y eliminando todos aquellos entes y empresas públicos cuyo rendimiento social no esté justificado.  Solo a través del espejo podremos escapar al espejismo. Esa es la alternativa necesaria, es nuestra propuesta y responsabilidad, es lo que las circunstancias y la decencia reclaman. 

Santander 13.01.2010
Román SAN EMETERIO-PEDRAJA
Candidato de UPyD a la Presidencia de Cantabria.