Una administración a la deriva

Cuestiones de gran transcendencia económica como la congelación salarial, el alargamiento del computo de 15 a 25 años para el calculo de las pensiones, con la consiguiente bajada que ello supondría, el retraso en la edad jubilación a los 67, el anuncio de reducción del gasto un día antes de aprobar gastos adicionales o la supresión de la deducción de 400 euros, son solo cinco ejemplos de confrontación interna que evidencian el desconcierto reinante en el ejecutivo nacional.

Mientras el gobierno socialista se pone de acuerdo consigo mismo debería aprovechar para cumplir los acuerdos de esta cámara, y no desacatarlos, como sucede con la aprobación de la propuesta de reducción de altos cargos.

El gobierno tiene la obligación parlamentaria de reducir estos y sus correspondientes asesores en un 25%. ¿Cómo es posible que con el enorme traspaso competencial a favor de las CCAA, producido desde el año 2004, el gobierno socialista tenga un 25% más de personal directivo cuando España estaba vicepresidida Mariano Rajoy?

¿Cómo se justifica que en el año 2004 hubiera 18 Secretarías de Estado y ahora haya 25? ¿Por qué han aumentado en 24 las Direcciones Generales?

También debiera eliminarse una Vicepresidencia, y los ministerios de la Igualdad y la Vivienda, la supresión de un ministerio no es solo una persona, son asesores, administrativos, edificios, coches oficiales.

Mientras en España se destruía un millón y medio de empleos en la presente legislatura, las administraciones públicas creaban 123.000.  ¿Cómo es posible que un gobierno viva tan ajeno a la dramática realidad nacional?

Para premiar tal despropósito la Secretaría de Estado de Economía ha elevado los pagos por productividad un 26,2% en 2010 para su departamento.

Así  premian la generación de 1.500.000 parados, sí, si lo suyo es crear parados, han sido enormemente productivos, se merecen un premio del 26% de aumento por productividad y más.