Un hacker en anticorrupción

Ahora bien aquellos jóvenes, élite de la informática, no conseguían crear “cortafuegos” capaces de impedir que aquellos secretos estuvieran al alcance de algún hacker que siempre encontraba “puertas” por las que acceder a datos sensibles.

Solución, contratar a los hackers, por lo que una vez se les descubría y condenaba, las grandes corporaciones, los gobiernos les contrataban, pues si ellos conocían los secretos de como romper la seguridad de sus sistemas informáticos, también sabrían como impedirlo.

Se preguntarán y ¿qué tiene que ver esto con la Fiscalía Anticorrupción?, pues que siguiendo aquellas técnicas de fichar a los mejor preparados en hackear, creo yo que no fue un error el “fichaje” del Sr. Moix como fiscal anticorrupción, sino algo premeditado, ¿quién mejor para analizar y proponer líneas de investigación que un fiscal con experiencia en cuentas opacas, alguien que ya poseía una sociedad offshore en Panamá?. No entiendo pues el escándalo con el Sr. Moix, un jurista muy competente y conocedor como nadie de las sociedades en Panamá. Seguro que el ministro de Justicia, Sr. Catalá y el fiscal General del Estado tenían esa intención, iba bien tirada la idea, otra cosa es que no nos haya gustado a quienes envidiosos, no tenemos cuentas en Panamá, ni en Suiza, ni en Andorra, ni en España, lo que es peor.

Hay que ver lo que avala el Sr. Rajoy al frente de Justicia y de Fiscalía; demostración clara que otra de las reformas que el PP incumple, las agota tras su anuncio, quizás es caen en la cuenta de que si hay reforma, no escaparán al peso de la Ley. Vade de retro división de poderes.

En serio, ha llegado el momento de atajar esta deriva en que la Institución defensora de la legalidad, pueda ser infractora de la misma con nombramientos, cambios de destino, instrucciones contrarias a la necesidad de investigación y a la lógica. La Fiscalía no puede seguir en manos del gobierno y estar tan politizada.

La regeneración democrática también pasa porque el Fiscal General del Estado no tenga vínculos con partidos o cargos políticos; su elección debe ser ratificada por una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. Si bien el ejecutivo puede proponer al Fiscal General, su mandato no debería coincidir con el del gobierno, de este modo su independencia en la toma de decisiones quedaría a salvo; además de autonomía económica para esa mayor libertad, por lo que los Presupuestos Generales del Estado habrán de contener una sección específica para la Fiscalía como la tienen el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

Es imprescindible pues un cambio del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y evitaríamos las ocurrencias del Sr. Catalá, quien ha sido reprobado por todos los grupos del Congreso de los Diputados y ya debería estar en su casa.