Socialistas contra la Constitución

En las cuatro provincias catalanas el resultado fue similar al del conjunto nacional.

Tras 30 años de democracia, algunos de los socialistas, que contribuyeron al éxito de aquella consulta, pueden haber cambiado de opinión y es legítimo.

Singularmente en Cataluña, como en el País Vasco, tras tres décadas de gobierno y aulas, preferentemente nacionalistas, también pueden haber mudado de opinión muchos de ellos y es también legítimo.

Los gerundenses, que van a votar en breve sobre la posible independencia –con la abstención socialista-, pueden no compartir con que en 1978, cuando se les planteó un texto que, en su artículo 2, se dice que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones…”.

Pero no pueden ignorar que entonces hasta 218.316 gerundenses votaron afirmativamente y sólo 10.681 lo hicieron en contra, una proporción de 95 a 5. Y que aquella norma está hoy vigente y debe ser democráticamente respetada.

Aún siendo legítimo, el deseo de modificar la Constitución,  este debe someterse al propio título X de la Carta Magna, que a mi juicio, por ser una reforma agravada, requeriría, además del apoyo de dos tercios de las dos cámaras de las Cortes Generales –el Estatut solo obtuvo el 54%- un nuevo referéndum nacional.

Sin embargo el socialismo gobernante ha optado por cambiar Constitución de tapadillo y con el Estatut, por eso ha sido recurrido por el Defensor del Pueblo, cinco comunidades autónomas, entre ellas las socialistas Baleares y Aragón y el Partido Popular.

La inconstitucionalidad de la mayoría del texto es, además, opinión compartida por la mayoría de juristas.

El PSOE-PSC y la prensa afín han optado por presionar a los jueces, desconociendo que el fundamento de nuestro Estado de Derecho es el respeto por la ley y la separación e independencia del poder judicial respecto al gobierno y al legislativo.

Que los socialistas gobernantes en Cataluña, que el próximo año distribuirán casi 100 millones de euros entre la prensa autonómica, jaleen los editoriales de aquellos diarios que han optado por tachar al Tribunal Constitucional de “erosionado”, con el claro objetivo de deslegitimar su sentencia, y reclaman que la sentencia atienda “a las circunstancias específicas” cuando las normas  tienen validez general, supone tolerar el desbordamiento del cauce constitucional que en nuestra democracia se venía siguiendo por los diferentes gobiernos.

En esta situación no es extraño que el Secretario de Estado de Seguridad del Ministro Rubalcaba asimile al Partido Popular con Batasuna o que el subvencionado nacionalista Ramón Bagó, presidente de Serhs, primer grupo turístico catalán, pida en un acto público abiertamente la muerte de quienes militamos en el PP.