Los políticos en la diana...

¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que muchos políticos, mediocres y aprovechados ellos, se han preocupado más de sus propios intereses que de resolver los problemas de todos. La corrupción y la trapisondería se han instalado en los aledaños del poder, aunque no se puede –ni se debe- generalizar.

¿Y qué hacemos? En este breve comentario, voy a esbozar dos líneas, de los muchos aspectos que deberán corregirse, que podrían ponernos en la estrategia de modificar la opinión que tenemos de los políticos, evitar abusos y atropellos e ir regenerando la llamada “clase política”.

En primer lugar, el sueldo de los políticos es un tema de debate candente que es preciso abordar y normalizar. Vaya por delante que existen en este país muchos políticos que se dedican a la cosa pública (“res publicae”) de forma absolutamente altruista, dedicando su tiempo y conocimientos sin recibir nada a cambio, pero también existen otros que no se merecen lo que cobran por su ineficacia e ineptitud; también es un hecho que muchos cualificados ciudadanos no desean tener cargos políticos, porque no les interesa económicamente y ocurren casos como el hecho de que responsables políticos de alto nivel, como el Presidente de Cantabria o el Alcalde de Santander, con una dedicación absoluta y total, cobran menos que algunos de sus funcionarios.

Por otra parte, algún alcalde o concejal de algún municipio de Cantabria se ha puesto un sueldo que no parece corresponder con su importancia y dedicación.
Así, por ejemplo, es necesario regular el salario de los Alcaldes y Concejales, que deberá ir en función de aspectos objetivos, como el presupuesto, la población, la dedicación, etc…, llegando incluso a regular cuántos concejales pueden “liberarse” en un ayuntamiento determinado.

¡No puede ser que el dinero de las instituciones “sea de nadie” y algunos hagan caprichosamente lo que les viene en gana!.

En segundo lugar, observamos con demasiada frecuencia, pero especialmente tras las últimas elecciones, que algunos gobiernos, autónomos o municipales, se han gastado lo que tienen, lo que no tienen y, además, han tratado de engañarnos; los recientes casos de Cataluña, Castilla-La Manchas y el mismo de Cantabria son elocuentes.

La solución legal es que los Interventores, ¡Ojo con esta figura!, fijen y se haga pública, con absoluta exactitud y claridad para que lo entiendan todos los ciudadanos, la situación financiera al final de cada año y el primer día de cada campaña electoral para que todos sepamos cómo está una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento; pero, claro, sin que queden facturas en el cajón o existan “empresas” que enmarañen la situación y en estos casos o en otros de “similar factura”, debe actuarse con la máxima dureza legal, tanto contra los políticos responsables como contra los mismos Interventores. ¡Así se evitarán sorpresas como algunas de las que se está llevando Nacho Diego!.

Habrá que establecer también “techos” del gasto, equilibrio presupuestario real y límites a los compromisos plurianuales; no puede ser que la Consejería de Educación del anterior Gobierno de Cantabria deje a los nuevos gestores unos compromisos plurianuales para ¡dos legislaturas! de 120 millones de euros (casi 20.000 millones de las antiguas pesetas).

Podríamos seguir con otras muchas medidas de similares características….
…Y si se llevasen a cabo, a buen seguro que este país, las comunidades autónomas y los municipios podrían estar mejor gobernados y con mayor transparencia; y a buen seguro que, en próximas encuestas, los ciudadanos aumentarían la confianza en los políticos.