La ley y la Constitución vencen a Puigdemont

En este sentido cabe señalar que en el día de ayer y mediante la toma de decisión en un consejo de ministros, el gobierno de la nación, ha iniciado el procedimiento que establece este artículo de la Constitución Española, en su punto 1 en el que se especifica la necesidad de efectuar un requerimiento en este caso al presidente de la Generalitat, mediante el que se le solicita la confirmación de la decisión anunciada en la tarde del pasado martes por Puigdemont en el pleno del parlamento. Este requerimiento indicado en el artículo 155, debe tener un plazo determinado, que en este caso podría ser de  48 h para que posteriormente, el Senado, en un pleno que posiblemente se celebraría el próximo jueves, apruebe la ejecución de este artículo, corrector de las ilegalidades cometidas  en la Comunidad Autónoma Catalana, con unas consecuencias que podrían dar lugar al cese del actual presidente de la Generalitat, a la disolución del parlamento, así como a la asunción de competencias autonómicas, desde el gobierno central, lo que no supondría la disolución o eliminación de la Autonomía  per se.

La aplicación de este artículo correctivo de la Constitución se ha producido con el consenso de lo que se podría denominar como las fuerzas constitucionalistas del Congreso, puesto que ha contado con  el acuerdo de los líderes del PSOE Pedro Sánchez y de Cs Albert Rivera, quienes desde que se produjera la aprobación del referéndum, así como la Ley de Transitoriedad en la cámara catalana, han sido informados de manera constante por el presidente del gobierno de todas las decisiones adoptadas. Por otra parte, hay que señalar que, en el momento de redactar esta información, la juez de la Audiencia Nacional, ha vuelto a llamar a declarar el próximo lunes tanto al Mayor de los Mossos José Luis Trapero, como a los presidentes de Ómnium y Asociación Nacional Catalana, todos ellos acusados de un delito de Sedición.

Ante estas circunstancias que ponen fin a la aventura ilegal iniciada por el independentismo catalán, solo cabe decir que a pesar de la impaciencia de la ciudadanía ante el desafío, el gobierno de la nación conjuntamente con los partidos del bloque constitucionalista, ha sido prudente en la ejecución de todos los pasos que ha efectuado,  y con ello, ha demostrado que nuestro país y la democracia española, es una democracia moderna y del siglo XXI en Europa, puesto que en una democracia parlamentaria, es inevitable la toma de decisiones, pero también el seguir rigurosamente los procedimientos establecidos en aplicación de la ley. También ha quedado absolutamente claro, que en una democracia, nada está por encima de la ley y que cuando el Estado de Derecho se pone en marcha, no hay nada que pare su fortaleza.

Otra cosa es, la imagen que ha dado el gobierno y de manera especial el presidente del gobierno Mariano Rajoy, quien una vez más, ha seguido con su vieja estrategia de dejar pudrir el tema para que se resuelva por sí solo y seguramente le va a salir bien, pero lo que de nuevo se ha evidenciado,es la pésima política informativa que viene practicando el gobierno de la nación, en la comunicación con los ciudadanos, teniendo en cuenta el continuo silencio del gobierno y la falta de presencia del presidente del gobierno en comparecencias públicas hacia la sociedad, para tranquilizar a los ciudadanos y no generar la angustia e incertidumbre que se ha vivido en el tema catalán, situación esta que todo gobernante debe tener en cuenta ante unos hechos de la gravedad de los que estamos padeciendo.

Esperamos que, de una vez por todas, ciudadanos y gobierno saquemos consecuencias de todo lo sucedido, entendiendo por una parte que la ley es siempre ley y que esta necesita unos procedimientos `para su ejecución, al igual que desde quienes nos gobiernan, deben de tener en cuenta que la ciudadanía, necesita saber que su gobierno y políticos están haciendo cosas para evitar la gravedad de los hechos y que estas, se comunican de manera didáctica a la ciudadanía.