España en la encrucijada

Digo “cooperante” y no “complaciente” porque,  desgraciadamente, el PSC-PSOE, está en un estadio mucho más comprometido que hace tres años con el secesionismo.

Sin el concurso socialista no sería posible que doce diarios catalanes, con un uniformismo nacionalista preocupante, adviertan que “el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto”, como si las normas ya no fuesen de aplicación general sino “especifica” en función de la opinión publicada.

Tampoco sería posible sin la anuencia socialista la celebración de más de ciento cincuenta consultas separatistas, ni el desacato constitucional que supone desarrollar  aspectos recurridos del Estatut para favorecer una colisión frontal con las instituciones de nuestro Estado de Derecho.

La aprobación de un Estatuto, probablemente ilegal, que divide a nuestra Nación originaria en dos distintas, solo fue posible por la intervención personal de Rodríguez Zapatero, que, primero, convenció a Artur Mas de la bondad del proyecto y, segundo, con el voto de su grupo en el Congreso de los Diputados alcanzó el exiguo 54% que decidía imponer un modelo nacionalista para una Cataluña alejada ya del resto de España.

Zapatero es un chollo para el independentismo. Solo él ha logrado en tiempo record, además del florecimiento de los citados referendos, el choque entre su gobierno y la Generalitat -ya que debe recurrir la Ley de Educación de Cataluña y algunas otras- y el levantamiento preventivo del ejecutivo catalán contra la tardía sentencia del Constitucional.

Y mientras el socialista Montilla amenaza al socialista Zapatero con no renunciar a “avanzar nacionalmente” hacia los objetivos del Estatut, o lo que es igual, a seguir elevando barreras y generando desigualdades entre españoles, este último se empeña ahora en planificar nuestra economía.

Así, el ejecutivo se cree capaz de variar las reglas de la economía de mercado con una Ley de Economía Sostenible. Ni Napoleón ni el Cesar, aunque sí Fidel Castro y Stalin, fueron tan osados como Zapatero.

Para tan ingenuo fin ha previsto 20.000 millones de euros en la próxima década, aunque él no sabe que esa cifra es un tercio más pequeña de lo van a costar las prestaciones por desempleo de 2010, en un solo año.

Un Gobierno puede y debe participar, animar, estimular, incluso prohibir, determinados comportamientos económicos, pero pretender con una norma cambiar nuestro modelo económico, supone desconocer que son las acciones libres de 45 millones de ciudadanos las que deciden “qué, cuándo, cuánto y cómo” se produce.

Al final es la presuntuosidad y la falta de rigor sin límite de Rodríguez Zapatero, la que nos ha situado en la actual encrucijada.