El control del déficit

Así, el déficit liquidado en 2009 fue del 11.2% del total de la producción nacional, del que el 9.5% correspondió a la Administración General del Estado, y el 1.7% restante lo causaron municipios, provincias y comunidades autónomas.

Por tanto, si bien es cierto que el control del excesivo gasto público es responsabilidad de todas las administraciones, en su gran mayoría corresponde al gobierno central, que es además quién conserva competencias de obligado cumplimiento para el resto de administraciones.

A pesar de ello es quién menos a hecho a la hora de ajustarse el cinturón.

Ciertamente ha dedicado más esfuerzos a negar la evidencia y  trasladar responsabilidades que a atajar la sangría pública de nuestras finanzas, solo así se explica que en 2009 el gobierno de Zapatero gastase 205.000 millones de euros e ingresase tan solo 105.000, espectacular.

Un gasto de casi el doble de lo ingresado no ha tenido lugar jamás desde que existen liquidaciones presupuestarias, desde 1.850 cuando reinaba  Isabel ll, tatarabuela de nuestro Rey.

La última propuesta del ejecutivo socialista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es crear un nuevo grupo de trabajo para analizar la reducción del gasto. Tres años después de iniciada la crisis el gobierno sigue ganando tiempo.

El desbocado déficit público tiene dos consecuencias. Primero la expulsión (efecto crowding out) de los particulares de los bancos y el segundo, que ya estamos sufriendo, la subida de los impuestos.

La subida del IVA hará que se vendan 131.000 coches menos, según el sector.

El 60% de las familias españolas tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes en esta España progresista de los derechos de ciudadanía, y más de un millón de familias tienen todos sus miembros activos en el paro.

Y lamentablemente seguiremos en ahí durante al menos dos años, ya que el gobierno siempre se tomó la economía a broma.

Ahora incluso, cuando exige al resto de administraciones austeridad hasta 2013, pacta con los sindicatos un cheque electoral que se hará efectivo durante las elecciones generales del primer trimestre de 2012 y alcanzará a más de tres millones de empleados públicos. Este es el rigor de nuestros dirigentes.