Deshonestidad política

Entre las innumerables misiones que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional, en sus diferentes departamentos, igual que el Centro Nacional de Inteligencia (C.N.I.) es no dejar de investigar e informar, según directrices, en todo momento, incluidos dirigentes y políticos, desconociendo la razón, más o menos justificada, y archivando todo lo descubierto. No puede ser de otra manera. Lo sorprendente es no saber quién utiliza sus conclusiones. Quizá todo sean filtraciones hacia quien tiene suficiente poder para hacer uso de ellas. El problema que se plantea es si se acierta en la dirección adecuada. Pero ésta no es la cuestión. La cuestión es si toca o no toca sacar trapos sucios de quien sea, incluso de quien menos uno piense. Y tal cual, caiga quien caiga.

Conviene recordar que siempre ha habido controles institucionales. Por poner un ejemplo: el Consejo de Estado trabaja, lo mismo que los Consejillos. El Tribunal de Cuentas trabaja, lo mismo que los Tribunalillos. Otra cosa es que los hayan dejado trabajar tranquilos. Algo que, desde hace varias décadas, parece como inexistente. Los políticos de toda tendencia y condición se ha encargado de neutralizarlos, año tras año, para que no puedan lavar sus pingajos mugrientos. Así que nadie se ha atrevido aún, aunque ya va siendo el momento de poner los relojes en hora, para dejar a un lado el engaño institucional, y que los organismos del Estado funcionen pensando en el contribuyente y no en ellos. Deben ponerse al día que, para eso, sus presupuestos lo están.

Los contribuyentes no deben nada de nada a los políticos amorales, mientras que ellos sí porque, gracias a su codicia, un presidente de gobierno, erigido en El Señor de los Recortes a la vez que en El Señor de las Mentiras, está impulsando subidas descomunales de impuestos, la deslealtad, la ineptitud, por no decir otras atrocidades como la destitución de un director de periódico de tirada nacional. Se vive un momento en que se malinterpreta la Constitución, no se entiende, o se abusa de ella. Es frecuente leer sentencias judiciales, según la ideología, algo así como cuando se acierta a la lotería. Y a esto, ¿se llama justicia o debería llamarse resentimiento social? Es inmoral que, desde una autonomía, se chantajee perennemente al Estado sin que, desde el primer instante, el poder central haga prevalecer la ley, pensando que se manifiesta en connivencia. Ante estos hechos, si el responsable es consciente debe dimitir, pero si es inconsciente debe ser cesado porque demuestra que gobierna con una ineptitud supina. Tras un pícaro se esconde otro. En esta particular democracia nuestra se generan espontáneamente.

Ningún jefe de Estado de un país democrático debe/puede permitir que una sociedad esté a merced de jueguecitos de cuatrocientos y pico mil políticos, un gobierno y sus adláteres que quieren hacerse millonarios abusando con el agravante del alejamiento de la realidad social a la que está intentando destruir, teniendo como excusa una crisis que no deja de ser paradójica: hay más millonarios políticos, o pseudo, que antes del comienzo de la misma.

S.M. el rey abdicado, Juan Carlos I, que tuvo su particular cruce del Rubicone, salió airoso, tras siete meses después de haber sido proclamado rey, cuando consiguió que, en tiempos preconstitucionales, el presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro, presentara su dimisión, en tanto que las Cortes del directorio se hicieran el seppuku, dando por iniciada la tramitación hacia la democracia que conocemos.

Actualmente, S.M. el rey Felipe VI, se encuentra ante algo, sino parecido, muy similar, aunque democrático ya, por lo que lo tiene mucho más crudo, sin olvidar que, al igual que su augusto padre, necesita un horizonte diáfano, necesita barrer las obscenidades y deshonestidades políticas cometidas durante el reinando anterior, lo que requiere un tiempo para el cambio, ante irresponsables con potestad que han intentado e intentan arruinar la marca España. El reino de España no se puede permitir tener, ante los contribuyentes, y ante el mundo, un gobierno que ha fomentado recortes a base de avivar la corrupción.

La partida de ajedrez ha comenzado en la que se juega el futuro de la Monarquía española. Ningún reinado, mejor o peor ejercido, es igual al anterior. Ha llegado el momento del atrevimiento, dentro de la política, con mayúsculas, pese a que hiede, a poner el ventilador en marcha, que conduzca hacia la catarsis por asfixia. Se exige un tiempo para la regeneración. Demos tiempo al tiempo para que desaparezcan aquellos partidos políticos que se niegan a pagar los créditos bancarios que solicitan, porque los intereses son abusivos, cargándolos en la cuenta de los contribuyentes, como ha ocurrido durante décadas. Un tiempo que dé lugar al cese de cargo/s; a la devolución de dinero y patrimonio deshonesto; a la inhabilitación perpetua; a la pensión mínima; al cumplimiento pena. Es de esperar que de aquí a tres meses más se produzca una reacción en cadena de ceses/dimisiones.

Hay que conseguir que sea normal el que la financiación de un candidato y de un partido político parta de los interesados, ayudados por afiliados, militantes, votantes, simpatizantes, etcétera. Si el candidato o el partido no tienen dinero, se siente, que no elijan la política como vía de enriquecimiento, que se busquen la vida, dentro de la ley, y si lo encuentran que se presenten y si no, cambio de tercio. Las prebendas, a costa del Estado español o de los contribuyentes, las justas.

Solamente en concepto de sueldos, y desde el año 1978, los políticos españoles han recibido del Estado más de dos billones de euros. Gracias a estas fortunas amasadas sin control, sin declarar a la Hacienda púbica y sin gravámenes, erigidas en patrimonio, ha hecho su aparición una nueva clase social alta. Se dice pronto y bien, mientras que actualmente la deuda externa española es de algo más de un billón de euros.

¿Hay alguien ahí fuera que necesite una calculadora?