El PP exige al Gobierno de España que mantenga los exámenes de conducir en Torrelavega

El portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Vargas, ha advertido de que esta medida supondría "un nuevo recorte que perjudica directamente a los vecinos de Torrelavega" y ha reclamado al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), que garantice la continuidad del servicio sin trasladar su coste al Ayuntamiento.

Según ha explicado Vargas, el mantenimiento de los exámenes en Torrelavega requiere una inversión informática de alrededor de 55.000 euros, un gasto que, según el PP, "el Ministerio del Interior no estaría dispuesto a asumir".

De esta forma, "sería el Ayuntamiento el que tendría que hacerse cargo de una inversión que corresponde al Estado si quiere evitar la desaparición del punto de examen en la ciudad".

Para el portavoz `popular`, "no es de recibo que los torrelaveguenses tengan que desplazarse a Santander para examinarse ni que el Ayuntamiento tenga que pagar de su bolsillo un servicio que depende del Gobierno de España".

"Casares y Molleda pretenden que los torrelaveguenses se examinen en Santander y, si no, que sea el Ayuntamiento quien asuma un coste que no le corresponde", ha afirmado Vargas, quien ha criticado que el Consistorio tenga que afrontar nuevos gastos estatales mientras "se han recortado un 20% las ayudas a entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad".

En este sentido, Vargas ha reclamado al Gobierno de España que "deje de cargar sobre los ayuntamientos competencias y gastos que corresponden al Estado" y ha subrayado que la solución pasa por que la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior, garantice la continuidad del servicio y asuma íntegramente el coste necesario para ello.

Ante esta situación, el PP de Torrelavega ha registrado una iniciativa para su debate en el Pleno municipal con el objetivo de defender el mantenimiento de los exámenes teóricos de conducir en la ciudad y reclamar que el coste de las actuaciones necesarias sea asumido por la Administración responsable.

"Quien cobra las tasas de los exámenes debe garantizar que el servicio se presta en condiciones y asumir el coste de mantenerlo", ha concluido Vargas.