`Verdad jurídica y certidumbre social`

Presunción de inocencia es un formulismo jurídico que termina cuando los hechos muestran culpabilidad, sin ningún resquicio de duda. El término no disuelve culpa alguna, simplemente le falta cotejo oficial, garantía. Por este motivo, el presunto -visto de forma estricta, rigurosa- recibe a menudo resolución condenatoria por parte de una sociedad que impide escapismos groseros. Hay momentos, circunstancias, en los que la suma de detalles indiciarios justifica ciertos criterios allende el protocolo. Tal vez aniden aquí las reflexiones para una sociedad dispuesta a alejarse de principios jurídicos que ofrecen seguridad, pero también posibilidades de transgresión gratuita. Pecando de ingenuidad solemne, querría ver a nuestros políticos juzgados con normativa similar a aquella que sirve de base a la Ley contra la Violencia de Género. De esta guisa, el ciudadano (como justiciable débil) quedaría asistido incluso restituyéndole codicias delictivas.

Como digo, la presunción no es -por necesidad- fuente objetiva de inocencia. Significa solo un paréntesis ritual. El individuo, bien a título personal bien miembro pleno de una sociedad vertebrada y democrática, tiene el derecho a expresar su parecer. En suma, más allá de cualquier proceso judicial, debe usar su soberanía irrecurrible. Estoy convencido de que semejante planteamiento intimida a cualquier sigla sin excepción. Es prueba redundante de que temen menos a las resoluciones judiciales que a los modos sociales. Quizás a los dos por igual: nada. ¿Tiene este escenario ocultas especulaciones? ¿Demuestra o previene parcialidad, amiguismo, trato exquisito, entre jueces y políticos? Ni afirmo ni niego, pero no se me ocurrirá poner la mano en el fuego.

Decía Theodor Heuss: “Quien siempre dice la verdad, puede permitirse tener mala memoria”. Ignoro si la frase es un digno elogio al virtuoso o una caricatura fiel de los políticos patrios, extraños a retentivas y evangelios, pero hartos de patriotismo putativo. Me inclino por el segundo supuesto. Tenemos motivos de sobra para juzgar a nuestros prohombres no solo de farsantes, sino (encima) cortos de memoria. Y eso que hubo uno con ínfulas suficientes, suicidas, para recrear la memoria histórica; olvidada, arisca y algo sinuosa. Los actuales tiempos son exuberantes en sandios de tomo y lomo. Es necesario ceñirse a los “actuales” porque de los “primeros” no somos testigos presenciales y hay mentes que únicamente disciernen la Historia al amparo de vivencias personales. “Creo aquello que veo” es vicio bíblico y alegato laico, arrogante, al crédito de quienes se han molestado -con esfuerzo- transmitir lo que escapa a la divulgación oral.

Axioma es proposición que no necesita trámite ni apoyatura para su veracidad; es la verdad en esencia. Equivale a confirmar que cualquier político, ante supuestos ilícitos, se rearma invocando sentencia firme. No le sirve la ortodoxia pública o publicada, se deja llevar únicamente por fallo oficial. El juez para ellos, más allá de garantizar justeza y justicia, es su tabla de salvación, su último refugio. Primero porque, a veces, los veredictos son tan lentos que cuando se realizan han prescrito incluso para una sociedad olvidadiza, tal vez melindre. Pudiera ocurrir, en segundo lugar, que la certidumbre social ocupara el extremo opuesto de una lógica jurídica garantista, a lo peor amaestrada. Los políticos, con grave error crediticio, abrazan casi siempre la bondad de las sentencias judiciales. Advierten el callado rigor del examen popular. Rebasado este, aquel constituye pellizco de monja por oneroso que resulte.

Disponemos de ejemplos para todos los gustos. Si salvamos el delirio catalán, melodramático, desgarrador (al carecer de asiento y leyes normales), los demás casos fijan el enfrentamiento, al menos cronológico, entre juicio público y respuesta jurídica. Lo habitual es que la sociedad, además de responder rápido, acopie recelos viscerales a poco que tenga vestigios. La justicia, con el aura de serenidad que representa esa balanza equilibrada y equilibradora, se gana al político temeroso. Quizás la venda, en estos tiempos turbios, resulte una prenda inútil, incómoda, casi insultante. Podemos es la sigla tratada con mayor benevolencia o menor rigor por jueces y medios. Como reparación, recibe un rechazo social insuperable. La gente tiene plena certidumbre de lo que sería España, sus gentes, con ellos en el poder.

Ayer, escuché a un representante socialista que Ciudadanos debiera apoyar una hipotética investidura de Ángel Gabilondo para restaurar un gobierno “decente” en la Comunidad madrileña. Aparte un desenfreno ético, ofrece, en toda su desnudez, la tesis que vengo abonando desde el epígrafe. La verdad jurídica, apriorísticamente, notifica la corrupción sistémica del PP y el aliño del PSOE. Sin que la certidumbre social, en este trámite, difiera demasiado de aquella verdad jurídica, no parece que el PSOE salga ileso. Lo predicen las encuestas con intención de voto, pese al deterioro infringido al PP por la señora Cifuentes y que le sigue infringiendo el señor Rajoy.

Porque, vamos a ver, ¿aplica don Mariano de manera correcta el artículo ciento cincuenta y cinco? ¿Quién organiza el caos que exhibe un ejecutivo sin control? ¿Por qué se acepta el voto delegado de diputados huidos? ¿Qué hay tras los pactos con el PNV para aprobar los presupuestos, además de la subida impuesta de las pensiones? ¿El PNV peleando por los españoles? Estos interrogantes, y otros al alcance de cualquier ciudadano observador, escapan a la verdad jurídica pero no a la certeza general. Sospecho que los expertos en dinámicas sociales tengan las respuestas que esta caterva de timadores no saben, o no quieren, apreciar. Más aún; y entresaco uno entre mil. Sobre el latrocinio del Banco Popular, no hay verdad jurídica; no obstante, es unánime la certidumbre social.